El sector minero peruano enfrenta un desafío creciente por el avance de la minería ilegal e informal, lo que no solo pone en riesgo el medio ambiente, sino también la inversión formal en el sector. Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y Gustavo Ramírez, líder del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la misma institución, coinciden en que las medidas legislativas actuales podrían poner en peligro la estabilidad del sector. Ambos ofrecen sus perspectivas sobre las amenazas y las posibles soluciones a esta problemática.
Una de las principales preocupaciones del sector minero es el cambio en el régimen de concesiones, específicamente relacionado con la Ley MAPE, que podría afectar la seguridad jurídica de las inversiones. Quijandría expresó su preocupación al respecto, señalando que cualquier modificación a este régimen no solo afectaría la seguridad jurídica, sino que también desalentaría la inversión en minería formal. «Las empresas invierten permanentemente en sus concesiones, realizando estudios y exploraciones, y modificarlas sería un golpe muy fuerte para el sector», indicó.
Por su parte, Ramírez también defiende el sistema actual de concesiones mineras, señalando que ha sido clave para el desarrollo del sector. A pesar de los intentos de reducir los plazos de concesión, especialmente a solo siete años, advierte que esto afectaría gravemente la inversión. Los proyectos mineros requieren tiempos largos para su maduración, por lo que reducir los plazos obligaría a los inversionistas a buscar otros mercados más estables y previsibles como Chile.
Otro aspecto relevante de la Ley No. 32213 es la centralización de la rectoría del proceso de formalización minera en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Ramírez destaca que, aunque este cambio busca una mayor eficiencia, aún falta la reglamentación para hacer efectiva esta centralización. Mientras tanto, el sector sigue trabajando en las observaciones y aportes necesarios para que esta medida sea implementada correctamente. Sin embargo, la falta de claridad sobre el proceso de formalización y su ejecución efectiva sigue siendo una preocupación.
Finalmente, ambos ejecutivos coinciden en que la solución al problema de la minería ilegal debe ser integral, abarcando tanto la formalización como un control adecuado. En este sentido, Ramírez enfatiza la importancia de depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para identificar y excluir a quienes solo buscan operar ilegalmente. «La depuración del Reinfo es fundamental. Solo así podremos avanzar hacia la verdadera formalización», concluye Quijandría, destacando la necesidad de un control más efectivo y una gestión clara para erradicar la minería ilegal.
