La minería ilegal en Perú se ha convertido en una de las principales amenazas económicas y sociales del país. Esta actividad ilícita no solo genera grandes ingresos, sino que también tiene efectos devastadores en las comunidades locales y en el medio ambiente. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de diversas instituciones, la minería ilegal sigue expandiéndose, y su impacto negativo es cada vez más evidente.

Uno de los factores clave para la proliferación de la minería ilegal es el alto precio del oro. En 2024, el valor de este metal alcanzó niveles elevados, lo que motivó a muchos a incursionar en esta actividad ilegal, ya que es más rentable que nunca. La Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE) advirtió que las economías ilícitas a nivel mundial generan ingresos comparables con los de las principales economías del planeta. En Perú, esto se refleja en un mercado de oro ilegal en auge que supera las exportaciones legales de varios países latinoamericanos.

Según el economista Carlos Gallardo, Perú exporta más oro ilegal que el total de exportaciones legales de seis países de América Latina. Este fenómeno ha sido impulsado por la minería ilegal, que se ve favorecida por los precios elevados del oro. Gallardo también señaló que las empresas mineras formales enfrentan muchos obstáculos, mientras que la minería ilegal sigue creciendo sin control. Las exportaciones ilegales de oro alcanzaron los 4 mil millones de dólares en 2024, lo que resalta la magnitud del problema.

Otro factor que facilita la minería ilegal en Perú es la evasión fiscal. Los mineros ilegales no pagan impuestos ni regalías, lo que significa que el Estado pierde una gran cantidad de recursos que podrían destinarse a programas sociales y de desarrollo. El economista Elmer Cuba explicó que las empresas mineras formales deben pagar aproximadamente el 40 % de sus utilidades en impuestos y regalías, mientras que los mineros ilegales no contribuyen en nada, lo que aumenta la informalidad y la falta de control en el sector.

El gobierno peruano ha adoptado varias medidas para enfrentar la minería ilegal, como la formalización minera y la imposición de sanciones. Sin embargo, aún existen grandes desafíos, especialmente en la implementación de un sistema eficiente de trazabilidad del oro. Además, la falta de recursos estatales para combatir la minería ilegal ha hecho que el presupuesto destinado a este fin se haya reducido en un 37 % en los últimos cinco años. Esto ha dificultado la creación de un plan integral para erradicar esta actividad.

La percepción ciudadana sobre la minería ilegal varía según la región. Mientras que a nivel nacional, el narcotráfico es visto como la economía ilegal más dañina, en las zonas rurales, la minería ilegal es considerada la mayor amenaza económica. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la falta de normativas claras y de controles eficientes continúa alimentando esta actividad ilícita. Según Gallardo, es necesario que Perú coordine con los países fronterizos para lograr un combate más efectivo contra la minería ilegal y el tráfico de oro.