Las provincias de Castilla y Condesuyos atraviesan una crisis ambiental debido a la presencia de metales pesados en sus fuentes de agua, sin que el Gobierno Regional haya declarado la emergencia. Los distritos de Andagua, Chilcaymarca, Orcopampa, Chachas y Cayarani están siendo afectados por agua contaminada, lo que impacta directamente a 800 familias de Umachulco, de acuerdo con la Gerencia Regional de Salud. La contaminación proviene de las actividades mineras de la empresa Buenaventura.

El alcalde de Cayarani, John Uracahua, responsabilizó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por permitir las operaciones de Buenaventura a pesar de las sanciones impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debido al incumplimiento de normas ambientales. Uracahua destacó que, aunque no están en contra de la minería, esta debe llevarse a cabo de manera responsable y con la debida supervisión.

El año pasado, un análisis realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmó que los niveles de metales como hierro y manganeso en el agua superan los límites permitidos, lo que representa un grave riesgo para la salud de la población y afecta la agricultura local. A pesar de las alertas y los estudios realizados, los pobladores han denunciado que, en los últimos dos años, no se han tomado acciones efectivas para solucionar el problema. Además, se están realizando nuevos análisis para determinar si los metales también se encuentran en la sangre de los residentes y cómo podrían verse afectados.

Aunque la minera Buenaventura ha sido señalada como la principal responsable de la contaminación, la empresa no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Por su parte, el OEFA multó a la compañía por los vertimientos ilegales, pero Uracahua insiste en que las sanciones son insuficientes, ya que el río Cayarani continúa recibiendo desechos sin que las autoridades tomen medidas adecuadas. «Las instituciones están mirando al costado», afirmó el alcalde.

A pesar de las manifestaciones de los pobladores exigiendo la declaratoria de emergencia, el Gobierno Regional de Arequipa aún no ha respondido a la solicitud. Uracahua señaló que, a pesar de los informes técnicos que respaldan la gravedad de la situación, la Gerencia Ambiental del Gobierno Regional ha alegado que los trámites están en proceso. Ante la falta de acción, las comunidades están considerando realizar nuevas protestas en los próximos días si no se implementa una solución inmediata, que incluye la provisión de agua potable y la remediación de la contaminación.