Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, afectadas por la minería ilegal del oro, han exigido el cierre inmediato del proceso de formalización minera y la derogación de normas que benefician esta actividad. Además, demandan la nulidad de las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, un aumento del presupuesto para las acciones de control y la implementación de un sistema de trazabilidad del oro.
Durante el III Encuentro entre AIDESEP y las Autonomías Territoriales (GTA), titulado «Defensa de la Amazonía ante el infierno minero», el presidente de AIDESEP, Jorge Pérez Rubio, anunció que las comunidades del Oriente enviarán un pliego de demandas al Gobierno central para detener toda actividad minera en sus territorios y harán un llamado a la comunidad internacional para exigir mayor trazabilidad de los envíos de oro peruano.
Pérez Rubio destacó que varias regiones han sido severamente afectadas en las últimas dos décadas, y la respuesta internacional ha sido insuficiente. «Es en las instituciones multilaterales donde se debe exigir el cumplimiento de los estándares ambientales», agregó.
Clauber Tangoa, líder del gobierno territorial autónomo de la Nación Sahwi, señaló que la minería ilegal libera más de 185 toneladas de mercurio al año, contaminando ríos y suelos, lo que genera graves problemas de salud como cáncer y malformaciones, afectando especialmente a niños y mujeres. Advirtió que el Registro Nacional de Inversiones en Formalización (REINFO) ha servido para encubrir a los mineros ilegales.
El impacto ambiental de la minería ilegal es alarmante, con 22 ríos amazónicos contaminados y una biodiversidad amenazada. Tangoa subrayó que el aumento del precio global del oro contribuye a la situación, con el 70% de las exportaciones de Perú proviniendo del mercado ilegal.
Alfredo Vargas, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), criticó al Gobierno peruano por su «deuda histórica» con los pueblos indígenas, incluso mientras otorga derechos sobre territorios comunales sin consulta.
En la región existen más de 30,000 concesiones mineras, muchas en tierras indígenas y áreas protegidas, y la minería ilegal ha afectado más de 2.4 millones de hectáreas, provocando la deforestación de 115,000 hectáreas. Las comunidades locales enfrentan la vulnerabilidad ante la destrucción ambiental, y más de 84,000 mineros informales operan en la Amazonía, con miles suspendidos del proceso de formalización.
Gil Inoach, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, enfatizó que se han destinado solo S/80 millones a la lucha contra la minería ilegal, una cifra muy inferior a los S/700 millones para la represión de conflictos sociales. Subrayó la necesidad de rastrear el oro peruano en su importación a Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita.
El encuentro, organizado por AIDESEP y las Autonomías Territoriales (GTA), reunió a diversas organizaciones defensoras de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, donde se discutieron estrategias para abordar la crisis causada por la minería ilegal.
