Víctor Gobitz, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, analizó la situación del país y de la minería y los desafíos al respecto, tras un año del actual gobierno.

A un año de la toma de mando del maestro Pedro Castillo como presidente de la República, es pertinente no solo hacer un análisis de su gestión respecto a la minería nacional, actividad económica clave para el presente y futuro del Perú, sino ampliar nuestra perspectiva.

Este primer año de gobierno debe ser entendido como la continuidad de una de las constantes en nuestro país, como lo es la falta de partidos políticos sólidos e instituciones democráticas débiles, lo cual no nos permite llegar a acuerdos de largo plazo.

Una falta de entendimiento que nos conduce a crisis políticas continuas, que afectan seriamente la gobernabilidad del país, así como también la economía y el futuro de los peruanos, especialmente el de los más pobres, cuyas expectativas se ven relegadas.

Por simple lógica, el camino que debemos seguir es justamente el contrario, debemos tener una mirada prospectiva para planificar el desarrollo de nuestro país en las próximas dos a tres décadas y así llegar a consensos, entre los distintos actores de la escena política, económica y social.

Uno de estos propósitos es justamente llegar a un consenso sobre la importancia cabal de nuestra industria minera, algo que no hemos logrado en las últimas gestiones ni tampoco en este gobierno, a pesar de los muchos estudios y debates al respecto. Dicho consenso no pasa por repetir dinámicas rentistas, o por otorgar bonos extraordinarios. Si ello trajera desarrollo sostenible es lo primero que hubiéramos hecho desde el sector minero, pero sabemos que eso no es así. No es la solución duradera.

Desde nuestra óptica, la solución pasa por promover espacios para que nuestra población, sus autoridades y los sectores productivos coincidan en cuál es el plan de desarrollo, basado en las potencialidades de cada territorio y de sus habitantes. Ello con el objetivo de focalizar todos los esfuerzos en esa solución y utilizar los fondos que genera la minería para financiar ese plan.

Necesitamos analizar y priorizar si dichos territorios necesitan mejorar su infraestructura vial, su conectividad a Internet, o sus servicios educativos, por mencionar algunas brechas, y apuntar a cerrarlas y construir territorios competitivos, conectados con el mercado y que sean sostenibles en el tiempo.

El desafío es conseguir elevar justamente la productividad y competitividad de actividades económicas en distintos territorios remotos -como la agricultura, la ganadería u otras- que permitan mejorar las condiciones de vida de más peruanos.

Este es el mensaje que deseamos transmitir al Gobierno actual y a las autoridades a nivel nacional para lograr un desarrollo concertado, que contemple factores claves como planificación de largo plazo sustentada en recursos financieros esperados y una gestión pública basada en meritocracia. Somos una industria comprometida con el desarrollo del país, que cuenta con una perspectiva de largo plazo y siempre dispuesta a colaborar con toda la experiencia adquirida.

El punto central es que el diálogo, base de la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de las democracias, debe estar enfocado no en la solución de conflictos sociales, sino a la generación de consensos y la construcción de un camino sólido que sume voluntades para potenciar el progreso sostenible de todo nuestro territorio.

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