La minería ilegal crece en Perú y gran parte de las causas para su expansión se explican por la poca formalización minera. Con una perspectiva futura de que metales como el oro y el cobre sigan con precios altos, Gestión conversó con Rodolfo García, alto comisionado para combatir la minería ilegal en el país. El funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalla cuáles son las consideraciones que el Estado tomará en cuenta para erradicar este delito.

Más allá del pedido de facultades reciente que el Ejecutivo solicitó al Congreso en este frente, García sostiene que hay varios aspectos por impulsar y otros por modificar para enfrentar la minería ilegal y acelerar la formalización.

El reto, admite también, es gigante. Perú es yael principal exportador de oro ilegal en la región y el más expuesto de todos a este delito, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) también ya advirtió que, no hay actividad ilícita vinculada al lavado de activos que mueva más volumen de dinero que la minería ilegal en el país.

Solos imposible

Como parte de la estrategia, García comentó que está buscando apoyo internacional. Un país que ya ha manifestado interés en contribuir al combate de la minería ilegal es Estados Unidos, quien ya coopera con Perú para enfrentar al narcotráfico.

“Lo maneja Cancillería, pero es un trabajo ya en curso. Hay reuniones bilaterales por hacer. Debemos articular con otros países para analizar el tema desde el punto de vista tecnológico, normativo y político”, sostuvo.

Bajo ese marco, el alto comisionado comentó que podría proponerse crear un comité similar al Consejo Fiscal (CF), pero en materia de formalización minera y combate a la minería ilegal, con apoyo extranjero, tanto privado como público.

“Podríamos tener una red de expertos en el tema, que vengan de otros países. Se podría hacer un benchmarking: lo que hizo bien un país, podría replicarse acá, adaptándolo por supuesto. Si conocemos que algo no funcionó, podríamos analizar si nos dará resultado a nosotros”, detalla.

Respecto a los máximos históricos de cobre y oro, que podrían generar mayor extensión de la minería informal e ilegal también según el IPE, García pone paños fríos.

“No puede ser una mala noticia. Es una oportunidad que hay que saber aprovechar adecuadamente. Habrá que insistir en la formalización, erradicación y recuperación del medio ambiente para reducir el impacto que pueda tener el incremento de los precios en la misma minería ilegal”, resalta.

Un frente a explotar, según dice García, sería la bancarización, que ayudaría a tener una mayor trazabilidad del traslado de minerales ilegales/informales. Aquí el ex ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, plantea que el Estado evalúe dar algún incentivo a las plantas de procesamiento, como un pago de impuestos diferenciado, por llevar el registro del mineral.

El ex titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) coincide también en que tener precios altos en metales clave es positivo para el país. Sin embargo, recuerda que hace poco se reveló que Perú cayó 25 posiciones en el ranking minero del Instituto Fraser, que mide el atractivo de un país para las inversiones mineras.

“Se critica el manejo político. Si no hay un combate fuerte a la minería ilegal, vamos a seguir bajando en esa evaluación. Sin acciones claras para promover formalización, las inversiones seguirán dudando de venir al Perú”, considera.

Incháustegui saluda que el alto comisionado proponga una colaboración internacional con “auditores” especializados que hagan un diagnóstico de Perú.

Rescata que ello debe hacerse en colaboración con el sector privado, que ya implementa, en algunos casos, mecanismos de trazabilidad para identificar el mineral formal e informal.

“El alto comisionado debería reunirse con países como Bolivia y proponer cerrojos a las fronteras. Ellos no tienen muchas minas de oro, pero venden a montones. Ese mineral llega de Perú”, agrega el ex ministro.

Enfoque “mixto”

En el último pedido de facultades, el Minem ha solicitado asumir temporalmente la dirección de la formalización minera en el Perú, que hoy está en manos de cada gobierno regional (Gore). Aparte, crearían un único sistema para este proceso, dejando atrás el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

García indica que están trabajando en modificaciones legales aparte de la solicitud al Congreso para alentar la formalización. Una de ellas, clave a su consideración es dejar claro en normas que la minería ilegal es un delito que no solo genera daños ambientales.

“Debe verse igual o peor que el narcotráfico. Es una acción criminal que explota personas y defrauda al fisco. Mejorar la tipicidad penal le podría dar más fuerza legal a la Policía y Fiscalía para intervenir”, opina sobre ello Incháustegui.

Sobre que el Minem tome la batuta, García considera que debe evaluarse a detalle qué competencias serían exclusivas de cada nivel de gobierno.

“Hay que buscar una fórmula mixta, tampoco se le puede quitar toda la responsabilidad al gore porque ellos, en teoría, conocen mejor las zonas críticas. Las direcciones regionales de formalización y la central del Minem deben trabajarlo”, plantea.

Para Incháustegui la postura de García pasaría porque el Minem otorgue más capacidad presupuestal a los gores y les dé asistencia técnica constante.

A Gestión, el alto comisionado no le precisó qué vendrá para la formalización minera luego del Reinfo, registro extraordinario que caduca a finales de este año y que desde 2012 no ha mostrado mayores resultados.

“Hoy sigue generando impunidad. Incluso si identifican mineros con Reinfo suspendidos, hay que hacer un trámite aparte para que la dirección regional los retire del registro. Puede tomar tres meses”, comenta Incháustegui sobre la situación actual.