Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que contratan con el sector minero están en problemas. Esto se debe a que el decreto supremo que limita la tercerización laboral comenzó a estar vigente el 22 de agosto, afectando a estos pequeños negocios que conforman aproximadamente el 69% de las 2,069 compañías contratistas del referido sector, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto Peruano de Economía (IPE).

La medida del gobierno afectaría a más de 1,400 mipymes, las cuales, junto con otras casi 600 empresas contratistas, generan ventas por US$10,000 millones.

Además, entre las mipymes también se estaría afectando a empresas comunales, conformadas por personas que viven en las zonas cercanas a las operaciones mineras y que se veían beneficiadas económicamente.

Actividad afectada

El impacto del decreto de tercerización se sentiría a nivel de toda la cadena productiva en el sector, según explicó la presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca.

“La afectación existe porque estas empresas se especializaron, por ejemplo, con algunas mineras. Este (problema) es un eje transversal que perjudica a toda la cadena productiva a la que nosotros podríamos prestarles servicios”, dijo a Perú21.

Además, comentó que el argumento detrás de la modificación es el supuesto uso indiscriminado de la modalidad, pero consideró que debe ser labor del Estado corregir, fiscalizar y sancionar ese comportamiento. Limitarla mediante una ley, aseguró, podría reducir el empleo formal y comprometer la productividad de las empresas.

“Las modificaciones principales introducidas por el DS 001-2022-TR se refieren a imponer limitaciones y prohibiciones para aplicar por parte de las empresas la tercerización bajo la creación del concepto de núcleo de negocio, introduciendo consideraciones discrecionales para identificarlos, con el propósito de impedir actividades de tercerización”, precisó.

Y agregó que “la norma afectará a las mypes que, a través de este mecanismo, pueden realizar diversas actividades de soporte a la mediana y gran empresa. Ello debido a que la gran empresa va a optar por la automatización de muchas de las actividades que tercerizan o contratarán personal mínimo para realizar estas labores”, precisó.

Agenda laboral

A esto se suma que también habría preocupación por un nuevo código laboral, comentó Choquehuanca.

El abogado laboralista y socio del estudio Vinatea & Toyama, Jorge Toyama, coincidió en que “la promulgación de un nuevo código de trabajo” es lo que estaría pendiente en la agenda que siguen el Gobierno y que de concretarse “podría dañar al extremo” las relaciones laborales.

“(El Ejecutivo) está cumpliendo los compromisos que firmó cuando se reunió con la CGTP durante la segunda vuelta electoral. La Agenda 19 no es más que el cumplimiento de los acuerdos que ha tenido el Gobierno con la CGTP, como el mínimo vital, que no haya tercerización o el reglamento de temas sindicales”, aseveró el laboralista.

Datos

-El decreto supremo que limita la tercerización laboral podría afectar el crecimiento del empleo formal que ha generado la minería en los últimos meses, según el IPE.

-El IPE estima que hay 170 mil empleos directos que están en riesgo en el sector.

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