El vicepresidente de Finanzas de la compañía minera Southern Perú, Raúl Jacob, aseguró que la actividad minera ha permitido a los Gobiernos regionales y locales en Perú recibir por concepto de canon más de S/ 40,000 millones en los últimos diez años, sin embargo, la falta de capacidad técnica de las autoridades ha impedido cerrar el circuito de generación de riqueza en las comunidades.

Southern Perú tiene paralizado desde finales de febrero sus operaciones en la mina Cuajone, ubicada en Moquegua, luego que más de 470 comuneros de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, exigieron a la compañía el pago de US$ 5,000 millones como indemnización por presunto uso de tierras.

Recién el último 21 de abril, el Ejecutivo y las comunidades lograron suscribir un acta para levantar la medida de fuerza a fin de retomar el diálogo. En ese sentido, se acordó también abrir las válvulas del reservorio de Viña Blanca para reestablecer el suministro de agua al campamento minero, donde hace casi 60 días más de 5,000 trabajadores padecían por no tener acceso al recurso hídrico.

Según Jacob, el Gobierno tardó en resolver el conflicto en Moquegua y señaló que el reclamo de las comunidades no es legítimo, pues la operación de la mina Cuajone se realiza en un área eriaza de propiedad del Estado, concesionada hace 50 años.

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el también presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que a lo largo del tiempo han establecido una buena relación con las comunidades asentadas alrededor de sus operaciones mineras ubicadas tanto en Moquegua como en Tacna.

“La operación ha dado sus frutos. Cuando se ve el Índice de Desarrollo Humano de Moquegua, uno ve importantes rendimientos en sectores como la educación, está entre las tres primeras regiones con alto rendimiento educativo y eso, está relacionado en parte con lo que ha hecho la compañía en la zona. Invertimos S/ 108 millones para dotar de computadoras a una gran cantidad de colegios en la región para que dieran el salto tecnológico, y los resultados están ahí”, manifestó.

Canon minero

Si bien para Southern Perú la actividad minera ha mejorado los indicadores de diferentes rubros sociales gracias a la generación de inversiones y pago de impuestos y regalías, la compañía agrega que “falta mucho por hacer”, y que parte del problema por el cual no se ha cerrado el círculo de generación de riqueza es que “lo que no se ha dado es el siguiente paso sobre lo que hay que hacer con esa masa de dinero”.

Jacob reportó que en los últimos diez años, los Gobiernos regionales y locales recibieron por pago de canon S/ 40,000 millones, de los cuales solo S/ 24,000 millones (60%) se utilizaron. De este monto, unos S/ 6,000 millones (25%) se destinó a salud, educación y agua y desagüe, “y el otro 75% no digo que lo han gastado mal, pero claramente no se usó en atender las principales prioridades de la población. Si uno visita una población cercana a actividad minera y ve que está en una mala situación, esta es la explicación”, refirió.

Y todavía quedan otros S/ 16,000 millones que siguen en las cuentas de los gobiernos locales, “porque no saben qué hacer con el dinero. Los gobiernos regionales no tienen capacidades técnicas. Creo que la regionalización pudo considerar un tiempo de aprendizaje y ver otras formas de conseguir resultados. Ver programas transversales donde se renueven escuelas, sistemas de agua potable, y entonces uno va adhiriéndose a esos programas y se aporta a los fondos que tiene la municipalidad”, explicó.

Prioridades

Al ser consultado sobre la insistencia del partido del gobierno por una nueva Asamblea Constituyente, Jacob respondió que “una nueva constitución no es prioridad de la población”, sobre todo del peruano promedio que sale a buscar su sustento diariamente y ve que en el bolsillo no hay lo que había antes y se hace más difícil conseguir empleo.

“En vez de enfocarnos en aprovechar la oportunidad de altos precios de los metales, el gobierno está enfocado en tener que resolver los conflictos sociales. Ahí esta para mí el gran error de la idea de una nueva Constitución, proponen una panacea para algo que requiere soluciones más prácticas. Y se quiere cambiar en la Constitución lo que justamente le ha dado progreso económico al país, el problema es que no se ha cerrado el circuito de generación de riqueza porque no ha llegado a donde debería llegar”, señaló.