Southern Copper advirtió que la mina Cuajone (Moquegua) podría cerrar sus operaciones de manera temporal, debido a que la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala les ha cortado el acceso al agua como parte de sus protestas.

En una carta enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al que este medio tuvo acceso, la compañía minera le solicita al premier Aníbal Torres que promueva una pronta solución política a este conflicto.

“Deseamos evitar declarar el cierre temporal de la mina, porque ello será perjudicial para miles de familias y para la economía local, regional y del país”, se lee en la misiva.

Además, la empresa indicó que vienen tomando acciones para mitigar “los graves efectos de las acciones violentas del grupo de manifestantes en contra de los residentes de Cuajone”.

Voluntad de diálogo

En el documento que lleva la firma de Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú, también se menciona que la compañía tiene la voluntad de dialogar “para construir una solución pronta al sabotaje que padece el campamento de Cuajone y la operación desde el 28 de febrero”, en el que un grupo de personas de la comunidad tomó el reservorio de agua de Viña Blanca, lo que dejó sin acceso a este servicio a la mina. “También han bloqueado y vandalizado la línea férrea de la empresa”, sostuvo.

“El acceso al agua es condiciones humanitarias es un derecho humano reconocido por la Constitución del Perú. Algunos pobladores de la comunidad vienen conculcando violentamente dicho derecho humano a las más de 5,000 personas que viven en el campamento de Cuajone”, indicó la minera agregando que los trabajadores carecen de agua hace más de 30 días.

Impacto económico

Con respecto a los efectos económicos de esta situación, Southern Copper señaló que el perjuicio se estima en US$ 5 millones por día de exportaciones y en S/ 8.5 millones diarios por concepto de impuestos y regalías.

“La agresión violenta en contra de nuestra operación hace peligrar el cumplimiento de nuestros compromisos con las comunidades vecinas, con proveedores (muchos de ellos empresas locales), socios estratégicos, accionistas y nuestros más de 1,500 trabajadores y 1,128 contratistas”, precisó.

La comunidad campesina le exige a Southern Perú una compensación económica de US$ 5,000 millones por el acceso a territorio que, según ellos, son usurpados y un pago del 5% de utilidades netas de la mina.