El alcalde de Pataz solicita la renuncia del ministro del Interior por la falta de resultados en el estado de emergencia en la zona, a lo que Juan José Santiváñez respondió calificando la solicitud de «un pedido con intereses personales». El ministro se expresó durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 22 de enero, en respuesta a las críticas del alcalde Aldo Carlos Mariños, quien había manifestado que la inseguridad en su localidad sigue en aumento, a pesar de las medidas tomadas.

Santiváñez refutó las acusaciones del alcalde, asegurando que ha habido reuniones con representantes del gobierno y que los viceministros del Interior han viajado en varias ocasiones a la zona, no solo para abordar la problemática de la inseguridad, sino también para investigar la minería ilegal. Aseguró que la solicitud de renuncia del alcalde podría estar vinculada a los operativos contra la minería ilegal, los cuales, según Santiváñez, parecen incomodar al alcalde.

El ministro del Interior también sugirió que el pedido de renuncia del alcalde podría tener motivaciones personales, debido a que las investigaciones contra las organizaciones criminales parecen afectarlo directamente. Según Santiváñez, las operaciones contra la minería ilegal que se llevan a cabo en la región pueden estar impactando negativamente los intereses de los actores locales involucrados en este tipo de actividades.

Por su parte, Aldo Carlos Mariños recordó que, en su momento, Santiváñez había prometido su renuncia si no se lograban avances en materia de seguridad en un plazo de tres meses. Con ese plazo ya vencido, el alcalde exigió que el ministro cumpla su palabra, dado que los indicadores de criminalidad no solo no han mejorado, sino que se han agravado. En su opinión, la situación requiere la intervención de una persona comprometida con la seguridad del país.

Además, el alcalde expresó que el ministro debería dar un paso al costado y permitir que otra persona, con un mayor compromiso y disposición, trabaje de la mano con los servicios de inteligencia para desmantelar las bandas criminales que operan en la región de La Libertad.

Mientras tanto, la minería ilegal en la zona sigue siendo una de las principales preocupaciones para las empresas mineras. La compañía Minera Poderosa, con operaciones en la provincia de Pataz, ha reportado pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en la primera mitad de 2024 debido a las actividades ilegales que afectan sus concesiones.

Pablo De la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera, explicó que la situación se ha vuelto crítica, con 450 bocaminas ilegales operando dentro de sus áreas. Estas actividades ilegales están afectando seriamente su producción y generando pérdidas millonarias, ya que el mineral extraído ilegalmente se desplaza hacia las plantas de la costa.

Las pérdidas de Minera Poderosa no solo afectan sus resultados financieros, sino que también tienen un impacto negativo en la economía local. De la Flor destacó que el daño incluye una reducción de la productividad, la pérdida de empleos formales, menos pagos de impuestos y una disminución de las transferencias a los gobiernos regionales por concepto de canon. El impacto económico total de estas pérdidas podría llegar a los 6,000 millones de dólares.

Este caso refleja un problema mayor que afecta a muchas otras empresas mineras en el país, las cuales enfrentan crecientes dificultades para operar de manera segura y rentable en regiones invadidas por mineros ilegales.