Por: Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura

Ir por el camino de una nueva Constitución nos lleva a generar un ambiente de inestabilidad para la inversión y el crecimiento económico. He leído con mucho interés el artículo “Carta abierta a los constituyente lovers”, escrito por Waldo Mendoza y publicado en el diario Gestión del 3 de enero, y no puedo estar más de acuerdo con lo expuesto por el economista ayacuchano y profesor de la PUCP.

Quisiera agregar que, en esta discusión, debemos considerar que la Constitución de 1979, por la que siento especial aprecio, fue desarrollada teniendo a los militares en Palacio de Gobierno, y se trató de una salida al gobierno militar que duró 12 años. Obviamente, no fue desarrollada en total democracia, pero sí con la independencia que le daban Haya De La Torre, Bedoya y los grupos de izquierda representados.

Hay que reconocer que dicha Constitución se realizó en un contexto internacional en el que la Guerra Fría aún existía, 10 años antes del derrumbe del Muro de Berlín y el reconocimiento de que el comunismo había fracasado. Entendamos que la polarización entre capitalismo y comunismo duró 70 años.

La Constitución de 1993 tampoco se llevó a cabo en un ambiente democrático, pues fue forzada por el cierre del Congreso realizado por Fujimori en 1992 y por la presión internacional frente a la decisión antidemocrática en el Perú. Debemos recordar también que la Constitución de 1993 se desarrolló cuatro años después del derrumbe del Muro de Berlín y luego de la disolución de la URSS, cuando el mundo se orientaba hacia la libertad económica.

La realidad había cambiado y la libertad económica, así como la demostración de que el Estado empresario había fracasado era clara. Rusia y China son ejemplo de ello. Hay quienes quieren enfrentar las dos últimas constituciones y no reconocer que, en el fondo, la Constitución de 1993 se basó en la de 1979, pero considerando que las circunstancias y el contexto mundial requerían una mayor libertad económica que propicie la estabilidad del país. Incluir en la Constitución la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fue un ejemplo claro de ello.

Hoy los peruanos nos sentimos orgullosos de lo que significa el profesionalismo del BCRP, el cual ha contribuido a la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que el mundo reconoce como un gran logro. No hay duda de que los grandes déficits del pasado fueron generados por empresas públicas deficitarias e ineficientes. Tampoco cabe duda de que el dinamismo del sector privado ha sido un baluarte del progreso del Perú de los últimos 30 años. El ejemplo de Petroperú es especialmente relevante para gratificar lo que significa una empresa estatal mal manejada. El proyecto de la refinería Talara lo confirma.

Mientras que Repsol invirtió US$ 850 millones para la desulfurización de los hidrocarburos, Petroperú invirtió US$ 6,000 millones con un objetivo inicial igual al de Repsol, pero construyendo al final una infraestructura faraónica en un país que ha descuidado la exploración petrolera, lo que nos ha llevado a ser deficitarios en producción. Cuando Talara esté operativa ya no tendremos petróleo para alimentarla. Es evidente que ir por el camino de una nueva Constitución nos lleva a generar un ambiente de inestabilidad para la inversión y el crecimiento económico.

La Constitución de 1993 ha sido modificada más de 20 veces. Nada impide la discusión de nuevas modificaciones que puedan ser debatidas dentro del marco democrático. Esto demuestra que no necesitamos una nueva Constitución, sino que podemos trabajar en base a la que tenemos y así ahorrarnos lo que significaría una Asamblea Constituyente. Los “constituyente lovers” ocultan su verdadero interés, que es generar inestabilidad y un campo propicio para el caos, es decir, están en contra del bienestar que queremos para el Perú. Además, no reconocen que el mundo ha cambiado y que el país merece estabilidad para generar progreso y bienestar para todos los peruanos.

* Publicado en la revista oficial del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

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