La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ha anunciado la adjudicación del proyecto minero El Algarrobo a la empresa Buenaventura, por un monto total de US$2.753 millones. La información fue dada a conocer por el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, y el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi. Este proyecto tiene como objetivo no solo estimular la economía regional, sino también fortalecer la posición de Perú en el mercado minero global.

El proyecto se desarrollará en la localidad de Tambogrande, en el departamento de Piura. La adjudicación se realizó después de un proceso de 90 días desde la declaración de interés y, ante la falta de otras propuestas, se optó por adjudicarlo directamente a la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. El monto total del proyecto asciende a US$2.753 millones, de los cuales US$759 millones corresponden a la inversión inicial y US$1.994 millones a los gastos operativos de los primeros diez años.

Además, se prevé la implementación de comités de monitoreo participativo, integrados por miembros de la comunidad local, quienes estarán encargados de supervisar los aspectos ambientales del proyecto, como la calidad del agua. Este enfoque busca asegurar que las operaciones se realicen de manera sostenible y que los impactos ambientales sean gestionados adecuadamente.

El Algarrobo es un proyecto polimetálico que se enfocará en la extracción de cobre, zinc y plata. En su fase inicial, se espera una producción de 5.000 toneladas diarias, que podría incrementarse hasta 15.000 toneladas según los resultados de los estudios de factibilidad. La extracción de estos metales contribuirá significativamente al crecimiento del sector minero peruano.

Además, se ha planificado la creación de un fondo social que gestionará los recursos derivados de los compromisos contractuales del inversionista. Este fondo financiará programas sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales. Los ingresos provenientes de los cánones y regalías también se destinarán a fortalecer los presupuestos de los gobiernos locales, con un enfoque prioritario en las áreas cercanas al proyecto.

La fase inicial del proyecto se centrará en la gestión social con las comunidades afectadas, para asegurar que sus intereses y preocupaciones sean tomadas en cuenta. Posteriormente, se llevarán a cabo estudios de viabilidad financiera, impacto ambiental e ingeniería de construcción, con el fin de garantizar que el proyecto sea económicamente viable y cumpla con las normativas ambientales.

Finalmente, el proyecto también contempla la elaboración de un plan para el cierre de la mina una vez que se hayan completado las operaciones. Este plan garantizará la rehabilitación adecuada de la zona afectada, asegurando que se cumplan las regulaciones ambientales y se recupere el entorno natural de la región. El proceso de cierre se llevará a cabo de manera responsable, con el objetivo de minimizar el impacto a largo plazo.