Pese a que se preveía una recuperación de 0.3% para el PBI de la construcción en el mes de febrero, la producción sectorial volvió a descender (2.5%) en dicho mes, debido principalmente al retroceso de 25.3% en la ejecución de obra pública, reveló el último Informe Económico de la Construcción – IEC #52 de la Cámara Peruana de la Construcción – Capeco.

Por el lado de la actividad privada, las expectativas son poco favorables para los próximos meses y el siguiente año.

“Para el 2023 se espera un leve incremento que puede convertirse en caída por este deterioro de las expectativas que se han ido sumando. Para la inversión privada ocurre algo parecido, expectativas negativas para el el 2022 y con leves expectativas para el 2023 todo en cuestión, porque es evidente que al solo tratar de poner en la agenda este tema de la Constituyente, teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países, naturalmente las inversiones serán conversadoras de lo que ya eran antes”, dijo Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.PUBLICIDAD

Y es que un sector con problemas crecientes es el minero. Para Valdivia, “el agravamiento social desencadenado en la mina Cuajone, la invasión de terrenos en Las Bambas y el bloqueo del acceso a Antapaccay hacen que el 36% de la producción nacional de cobre esté cerrada, trayendo como consecuencia una posible paralización de inversión en minería”.

Frente a este contexto, Capeco propone iniciativas ante los conflictos activos y latentes vinculados a operaciones mineras.

En el corto plazo, es indispensable que el gobierno nacional actúe con diligencia para restituir el principio de autoridad y, luego generar condiciones de un diálogo de mesa sincero y abierto con las comunidades y autoridades locales que permita aterrizar sus expectativas, pero, sobre todo garantizar la normalización de la producción en todos los complejos mineros afectados.

“Para ello, es indispensable formalizar Mesas de Desarrollo en las provincias en que se localizan los proyectos mineros paralizados o amenazados, que tengan carácter permanente y estén bajo la responsabilidad de funcionarios de alto nivel, con capacidad de decisión y con presencia sostenida en la zona. Pero previamente es necesario efectuar cambios de funcionarios encargados de gestionar estos conflictos tanto en la Presidencia del Consejo de Ministros como en el Ministerio de Energía y Minas”.

A mediano plazo, el gremio ha planteado una propuesta integral para lograr la adhesión de la población y de las autoridades locales al desarrollo de mega-proyectos productivos y de infraestructura que tienen impactos territoriales y poblacionales significativos en las circunscripciones en las que se ubican. Un planteamiento de este tipo sólo puede implementarse en las etapas iniciales de estos proyectos, idealmente apenas culmina la fase de exploración.

En esta línea, Capeco tiene intención de promover un programa de construcción de viviendas y mejoramiento productivo en las áreas de influencia de unidades mineras, capitalizando la experiencia de empresas constructoras en el desarrollo de proyectos habitacionales en comunidades rurales. Bajo esta óptica, resulta indispensable identificar aquellos que por su magnitud, complejidad e impacto territorial pueden ser parte de un proyecto piloto, cuyos objetivos son prevenir posibles conflictos con la población o las autoridades locales y sistematizar la experiencia para poder luego extender el modelo a todos los proyectos que se lleven a cabo en los siguientes años.

Lamentablemente, estas medidas son insuficientes para resolver los problemas por los que atraviesa el sector construcción, debido a la profundidad de la crisis política y de los conflictos sociales en que se ha sumido el país, debido a la falta de capacidad, la improvisación y las sospechas de corrupción que caracterizan a la gestión del Presidente Castillo, sumada a la impopularidad e inacción del Congreso de la República.

“A este impasse institucional, se debe añadir el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 y, más recientemente, de la invasión rusa a Ucrania que, entre otras cosas, ha generado un significativo aumento de la inflación que afecta la rentabilidad de las empresas y la capacidad adquisitiva de las familias, lo que incrementa la probabilidad de que el país se encuentre al borde de iniciar un proceso de estanflación”.

El informe muestra que la confianza de los agentes económicos para invertir disminuyó abruptamente desde la primera vuelta de la elección presidencial del 2021, llegó a su nivel mínimo cuando asumió el Presidente Castillo y, aunque nunca volvió al escenario positivo, se recuperó sensiblemente . El deterioro de la situación política durante el mes de abril, así como la reciente declaración del presidente Castillo sobre la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente indudablemente revertirá esta tendencia. Ello profundizará la contracción de la inversión privada para el bienio 2022-2023.