El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, resaltó que el combate contra la minería ilegal, liderado por el Ejecutivo, se centra en afectar la cadena de valor de esta actividad ilícita. Gracias a esta estrategia, entre el 2024 y el primer trimestre del 2025, se infringieron pérdidas superiores a los 2700 millones de soles a las organizaciones delictivas dedicadas a este delito. Solo en el 2024 se realizaron 745 operativos que destruyeron materiales valorizados en más de 2200 millones de soles, según informó durante su participación ante el pleno del Congreso.
Adrianzén explicó que estas intervenciones buscan reducir el alcance de los mineros ilegales y eliminar delitos relacionados, como la trata de personas, evasión tributaria, y daños ecológicos. Entre enero y marzo del 2025, se llevaron a cabo 238 operativos de interdicción que destruyeron bienes valorizados en más de 546 millones de soles. Estas acciones contaron con la participación de diversas entidades, entre ellas la Policía Nacional del Perú, el Ejército, la Marina, y las fiscalías especializadas en materia ambiental.
En cuanto a la situación en la provincia de Pataz, región La Libertad, el premier anunció la próxima instalación de una división policial y la construcción de tres puestos de vigilancia con apoyo del sector privado. Estos puestos contarán con presencia de las Fuerzas Armadas, la PNP, Sunat, Sucamec, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio Público, en una acción coordinada para frenar el avance de la minería ilegal en la zona.
Por otro lado, el titular de la PCM informó que el Ejecutivo está depurando el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para excluir a personas que no desarrollan actividades mineras o que están suspendidas. Se retirará también a quienes no cuenten con autorización para el uso de explosivos y a quienes hagan un uso indebido de su inscripción en este registro.
En relación con la seguridad ciudadana, Adrianzén defendió la efectividad de los estados de emergencia decretados en varias zonas del país. Gracias a estas medidas, se han ejecutado 291 516 operativos policiales, lo que permitió desarticular 55 organizaciones criminales y 3656 bandas delictivas. En distritos en emergencia, los actos criminales se redujeron en aproximadamente 30 %, sostuvo.
Finalmente, detalló que su gestión promueve un enfoque multisectorial y multinivel para enfrentar la inseguridad. En ese marco, el 100 % de los consejos regionales y provinciales de seguridad ciudadana ya cuentan con planes de acción para el periodo 2024-2027. Además, el presupuesto del 2025 incluye financiamiento para fortalecer la prevención del delito. También destacó avances logísticos como la implementación de laboratorios de identificación balística, nuevas comisarías en Loreto y Piura, y un nuevo puesto fronterizo en Iquitos.
