Las empresas estatales de los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez generaron pérdidas al Estado peruano por más de US$2,500 millones. El valor actual de estas pérdidas sería de US$18,780 millones, y esto es casi el 85% de todo el presupuesto que tuvo el sector salud en 2021.

Cerca de 175 empresas se crearon en esa época, la mayoría tras expropiaciones y ataques a la propiedad privada. Gracias a estas estatizaciones, la planilla estatal en los 70 creció hasta en 83%. Esta cifra parece gravísima, pero en la actualidad subió en 60% y sigue aumentando, mientras que la inversión pública cae todos los meses.

Las empresas estatales casi nunca funcionan en países como el nuestro por cinco razones: i) son manejadas por políticos y no por gestores profesionales con experiencia; ii) si pierden son subsidiadas por el mismo Estado y por ello nunca tienen incentivos para crecer, dado que la estabilidad de sus funcionarios está garantizada; iii) con el tiempo la brecha de innovación y competitividad entre el sector privado y el estatal se hace más amplia y las empresas estatales no pueden competir; iv) terminan sufriendo todos los problemas burocráticos, políticos, de corrupción y malos manejos de las entidades públicas; y v) finalmente, dependen del ‘valor’ del gobierno de turno y si los inversionistas quisieran aliarse o invertir, evaluarían quién está en el poder.

La expresión más clara de todos estos vicios es la crisis que rodea hoy a Petroperú, que siempre fue –según diversos analistas y especialistas– la caja chica del gobierno de turno, y cuya área de adquisiciones no deja de tener cuestionamientos y denuncias por sus compras y contrataciones.

La grave crisis financiera e institucional en que está sumida Petroperú no acaba con la salida de la gerencia general de Hugo Chávez Arévalo, quien dejó el cargo tras cinco meses de cuestionada gestión, marcada por escándalos de corrupción y malos manejos. En su lugar, puso a un hombre de su confianza: Jesús de la Torre, quien se venía desempeñando como gerente corporativo de Finanzas.

El problema no es solo que De la Torre es parte de una administración cuestionada y deslegitimada, sino que, además, fue responsable directo de la fallida auditoría con PricewaterhouseCoopers (PwC), según se desprende de una carta notarial del 8 de marzo pasado –a la que tuvo acceso la Asociación de Contribuyentes del Perú–, que esta empresa internacional envió a la petrolera estatal, en la que detalla las razones por las que rechazó revisar los estados financieros de 2021 de Petroperú.

Entre otros aspectos, PwC precisa que Petroperú quería incluir en el contrato de auditoría una cláusula de confidencialidad de plazo indeterminado, cuyo autor habría sido Jesús de la Torre, como gerente de Finanzas, pese a que en todos los años anteriores en que auditaron las finanzas de la petrolera estatal el plazo de la confidencialidad era de dos años.

Urge el cambio de todo el directorio y la línea gerencial

Para que Petroperú pueda salir de su crisis actual, lo primero que debe hacer es reconstruir su credibilidad. El primer paso es cambiar a toda la alta dirección y la línea gerencial de la petrolera.

La gestión del saliente Hugo Chávez –de la que proviene su sucesor, Jesús de la Torre– es la responsable también de la reducción de la calificación crediticia de Petroperú, que ha tenido efectos inmediatos, porque bancos nacionales e internacionales le cortaron líneas de crédito por unos US$1,500 millones.

Petroperú es la muestra más clara de que el Estado no debería jugar a ser empresario ni manejar demasiado dinero sin sistemas de transparencia, control y rendición de cuentas. Que su precaria situación y lo que nos costará a los contribuyentes nos sirva de lección para cuando, en las siguientes elecciones, otra camada de candidatos nos vuelva a vender cuentos como el de “nacionalizar recursos”, “estatizar empresas”, “recuperar la soberanía nacional”, o tantas otras promesas absurdas.