Hoy, la Sociedad Minera Cerro Verde comunicó que fue informada que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) llegó a una decisión en el caso de Freeport-McMoRan contra el Estado peruano, desestimando las reclamaciones que fueron interpuestas por dicha empresa, en su nombre y en el de Cerro Verde, en el año 2020. Cabe señalar que la decisión fue tomada por la mayoría de los árbitros del Tribunal, contando con un árbitro en desacuerdo.

La minera estadounidense reclamaba un incumplimiento del contrato de estabilidad de 1998 y del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, en el que exigía una compensación de US$ 909 millones.

Justamente, Ricardo Puccio, partner en Estudio Navarro & Pazos Abogados -ancla en el Perú de Baker-Botts-, dio a conocer recientemente que se había concluido este caso en Ciadi. “Por ser un caso bajo el TLC con Estados Unidos el Laudo será público, una vez que se hayan dado cumplimiento a algunos temas formales”, dijo el abogado quien participó en la defensa en favor de Perú.

A través de su comunicado, Cerro Verde da a conocer que estas reclamaciones de Freeport-McMoRan se basaron en el argumento de que -a su consideración- el Estado había incumplido sus obligaciones bajo las garantías y el Contrato de Promoción de las Inversiones suscrito entre Cerro Verde y el Perú en febrero de 1998, así como bajo lo dispuesto por el Tratado de Promoción Comercial firmado entre Perú y los Estados Unidos.

“Si bien Cerro Verde respeta la decisión del Tribunal Arbitral del CIADI y recuerda que ya ha pagado en su totalidad el monto principal de la deuda señalada por el Estado (así como los intereses y las multas excesivas aplicadas), expresa su decepción ya que considera que sus acciones se realizaron siempre conforme a ley”, refiere.

La empresa minera precisa también que la decisión del Tribunal Arbitral estableció que cada parte deberá cubrir sus propios gastos. En ese sentido, dado que Cerro Verde ya ha pagado en su totalidad el capital, los intereses y las penalidades señaladas, no se requieren pagos adicionales.

En el comunicado de Cerro Verde se recuerda que el arbitraje fue resultado de las acotaciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en relación con los minerales que Cerro Verde procesó en su concentradora, en el período comprendido entre diciembre 2006 y diciembre 2013, exigiendo por ello el pago de regalías.

“La empresa minera impugnó oportunamente cada una de las acotaciones, al considerar que su contrato de estabilidad (1998) la eximía de pagar regalías por el mineral extraído de la concesión minera y procesado en la concesión de beneficio, las que fueron expresamente incluidas en el contrato mencionado”, detalla.

Finalmente, Cerro Verde reitera su compromiso con el desarrollo del Perú y Arequipa, por lo que continuará realizando sus actividades dentro del marco legal vigente en el país, produciendo minerales de una manera social y ambientalmente responsable, al mismo tiempo que seguirá cumpliendo con las normas laborales y tributarias existentes.