El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó la Ley Nº 31388, la cual amplía hasta el 2024 el proceso de formalización minera, pese a la oposición del Ministerio del Ambiente (Minam).

La iniciativa legislativa había sido aprobada por el Congreso a mediados de diciembre. El presidente Castillo tenía tres posibilidades: promulgar la ley, observarla o no pronunciarse (en este último caso el Congreso tenía la facultad de promulgar la ley).

Tras la aprobación del proyecto en el Congreso, el Minam alertó en un comunicado que esta medida no asegura la aplicación de salvaguardas ambientales ni sociales.

El Minam advirtió que la ley amplía de manera genérica el plazo de la formalización, sin establecer condiciones que aseguren los objetivos del proceso de formalización.

“No incentiva a aquellos mineros que avanzaron en sus procesos de formalización, mientras que podría incluir a los mineros que han sido suspendidos por incumplir con sus obligaciones básicas”, criticó.

Además, recordó que ya se habían dado cuatro ampliaciones respecto a este proceso de formalización “habilitando a que muchos operadores ilegales se inscribieran, sin que se hayan demostrado cambios en sus prácticas”, subrayó.

“En consecuencia, las ampliaciones sin compromisos ni obligaciones claras son un retroceso para la prevención y adecuada gestión social y ambiental de la minería informal”, remarcó el Minam.

Esta opinión contrasta con una nota de prensa emitida hace unos días por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para saludar el proyecto aprobado por el Congreso.

El Minem precisó que la norma aprobada está dirigida a los pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y que cumplen los compromisos y obligaciones del proceso.

El viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, destacó que el Minem emitió una opinión favorable a la norma aprobada “porque permite que los mineros que vienen haciendo las cosas bien, puedan continuar su camino a la formalidad”.

Además, reconoció que hubo coincidencias con el Poder Legislativo y con asociaciones mineras en la elaboración del proyecto, que conlleva al cumplimiento de compromisos asumidos por todas las partes.