La provincia de Pataz, en La Libertad, enfrenta una creciente crisis de seguridad debido a la expansión de la minería ilegal. En menos de una semana, la Minera Poderosa fue víctima de un segundo ataque, que esta vez incluyó la voladura de al menos una torre de alta tensión que abastece su planta Santa Rosa. Este nuevo atentado fue presuntamente llevado a cabo por mineros ilegales, a pesar del estado de emergencia en la región y la presencia de fuerzas policiales, que parecen no ser suficientes para controlar la situación en el vasto territorio donde operan las minas.

Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, denunció que los responsables de estos actos de violencia se escudan en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un sistema que fue concebido para fomentar la formalización en la minería, pero que en la práctica se ha convertido en un refugio para actividades ilícitas. Según De la Flor, este registro facilita la permanencia de operaciones ilegales dentro de la minería formal, complicando la lucha contra el crimen organizado en el sector.

El ataque más reciente ocurrió tras otro similar registrado días antes, cuando mineros ilegales utilizaron explosivos para destruir la torre de alta tensión N.º 24 de Minera Poderosa, lo que interrumpió el suministro de energía a la planta Santa María y otras zonas cercanas. Este incidente no solo causó daños materiales a la infraestructura, sino que también dejó en evidencia la vulnerabilidad de las operaciones mineras ante la violencia de los grupos ilegales.

Además de los ataques a la infraestructura de la minera, la situación en Pataz se agrava con el reporte de la desaparición de 17 trabajadores de una mina ilegal en la quebrada de Cahuabamba. Se sospecha que estos trabajadores fueron secuestrados por un grupo rival de mineros ilegales, lo que añade un nuevo nivel de violencia y descontrol en la región.

La creciente violencia y las constantes amenazas a la seguridad de los trabajadores y las empresas mineras en Pataz ponen de manifiesto la necesidad urgente de tomar medidas más efectivas para frenar la minería ilegal y sus consecuencias. La falta de control en la región permite que grupos criminales operen con impunidad, afectando tanto a las empresas formales como a la comunidad en general.

Este panorama resalta la fragilidad del Estado de emergencia en Pataz, ya que a pesar de las acciones del gobierno, la minería ilegal sigue ganando terreno, generando una situación de inseguridad crítica que requiere respuestas más contundentes para proteger tanto a los ciudadanos como a las empresas formales.