El Gobierno prorrogó el estado de emergencia por 60 días calendario, a partir del 10 de agosto del 2022, en los distritos de Caravelí y Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, periodo en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El 2 de junio pasado mineros informales y trabajadores de Intigold Mining se enfrentaron con armas de fuego y el saldo fue 14 fallecidos y varios heridos. El Juzgado de Caravelí dictó el 14 de julio 18 meses de prisión preventiva para las 17 personas investigadas por los disturbios en minas arequipeñas.

El Decreto Supremo 098-2022-PCM, publicado en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, indica que quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política.

La intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el Decreto Leg. 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento.

La implementación de acciones al amparo de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

El decreto supremo fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.