Cinco horas y 79 páginas. Eso fue lo que duró el discurso de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias, ante una “estrenada” Mesa Directiva del Congreso de la República, pero con varios escaños vacíos. La mandataria leyó algunos anuncios, repitió algunas promesas del 2023 y recordó, a su consideración, los logros de su gestión hasta ahora.

Desde el lado económico, los proyectos de infraestructura no se hicieron esperar, aunque ya no eran una sorpresa pues varios de ellos ya habían sido informados anteriormente: un paquete de ferrocarriles, el paso del proyecto Majes Siguas a manos del Gobierno nacional, el destrabe de Chavimochic, entre otros.

Otras partes del mensaje presidencial ha traído cierto optimismo para la inversión privada: se reiteró, por ejemplo, el respaldo al proyecto minero Tía María, en Arequipa.

Sin embargo, un tema que merece atención, tomando en cuenta los eventos recientes, fue lo comentado sobre la mineria ilegal. La presidenta mencionó siete veces estas dos palabras (“minería ilegal”) en su discurso, pero el impacto de los anuncios alrededor de este asunto fue mucho menor que eso.

Minería ilegal

“No hemos cesado en el ataque a la minería ilegal, que pone en grave peligro nuestra riqueza natural y biodiversidad”, aseguró Boluarte durante su discurso que se extendió hasta las 4:30 de la tarde. Esta frase parece mucho más ambiciosa de lo que se percibe desde el sector minero.

“Habló de combatir la minería ilegal. Dar ese mensaje es positivo, pero desde nuestro punto de vista es insuficiente”, apuntó Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En la misma línea, el exministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, subrayó: “Creo que el mensaje fue demasiado simple y directo. Le faltó ser más enfático en la lucha contra la minería ilegal. No se trata solo de formar una comisión y nombrar un alto comisionado. La presidenta debió anunciar una reunión con todos los sectores para definir un plan claro a corto, mediano y largo plazo”.

Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Minera Poderosa, también se quedó con un “sinsabor” tras el discurso presidencial sobre este asunto.

“Hay una falta de correspondencia entre lo señalado en el discurso y la realidad que estamos viviendo sobre el terreno. En el caso concreto sobre Pataz (La Libertad), vemos una presencia policial que no necesariamente está acompañada de intervenciones efectivas en las bocaminas de los ilegales. De hecho, nosotros nos mantenemos con 25 galerías tomadas por ilegales. Además, las interdicciones se suspendieron hace casi dos meses y medio, no hemos visto ninguna intervención”, remarcó.

En este año, por ejemplo, se han informado diversos ataques contra la Minera Poderosa por parte de mineros ilegales.

Aunque la minería ilegal no es un problema exclusivo del Perú, según el estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur” del Instituto Peruano de Economía (IPE), nuestro país es el principal exportador de oro ilegal en la región y el más expuesto de todos a este delito.

Los anuncios de Boluarte

Como parte de su discurso, la presidenta Boluarte señaló que en el 2023 se ejecutaron 729 operativos a nivel nacional contra este delito y, en los cinco primeros meses de este año, se registraron 481 operativos con la destrucción de 1,336 campamentos, 6 plantas procesadoras y 502 pozas; además de la incautación de 17,451 cartuchos de dinamita, entre otros.

“Estos operativos continuarán de manera permanente hasta lograr desarticular a todas aquellas organizaciones criminales que se encuentran promoviendo la minería ilegal”, remarcó la presidenta.

A esto sumó que se ha reforzado la seguridad de las comunidades indígenas y de las áreas naturales protegidas, instalando cinco puestos policiales en diferentes reservas.

Recordó que un Grupo de Trabajo integrado por 15 instituciones del Estado se encuentran actualizando la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal.

“En estos últimos años la minería ilegal ha escalado a tal punto de ser la economía ilícita con mayores ganancias en nuestro país, superando inclusive al tráfico ilícito de drogas”, puntualizó.

Lo que se esperaba

Para Gobitz, si no hay trazabilidad de toda la cadena productiva sobre la custodia del uso de explosivos, uso de equipo de línea amarilla, control sobre las plantas que procesan minerales, sobre todo el movimiento económico que hay detrás, “no habrá cambios reales”.

“Esa trazabilidad es algo que tiene que implantarse en un trabajo multisectorial que creemos es la manera correcta de abordar el tema. Si no sabemos con claridad quiénes están involucrados, en qué dimensión, poco probable que encontremos una solución sostenible”, resaltó.

De la Flor respondió en la misma línea. “Lo que necesitamos es una actitud firme, consecuente y contundente de parte del Ejecutivo. Además, un señalamiento muy importante tiene que ver con el rol tan pernicioso que en este tema está jugando el Congreso, situación que se agravaría con el congresista Eduardo Salhuana como presidente del Legislativo. Eso genera mucha preocupación en el sector”, apuntó.

El representante de Minera Poderosa recordó que el Gobierno no observó la derogatoria a una disposición que en su momento efectuó el Parlamento sobre el Decreto Legislativo 1607, vinculado a la minería ilegal y el uso de explosivos.

Cabe mencionar que ha habido muchos cuestionamientos alrededor del congresista Salhuana por presuntos vínculos con la minería ilegal.

Incháustegui, por su lado, esperaba un anuncio claro sobre el cierre de bocaminas ilegales y la formación de un nuevo grupo con más recursos. “También se esperaba la implementación de acciones concretas con reportes cada 15 días, por ejemplo”, dijo.

Inversión minera

Después de contraerse 10.2% en el 2023, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) espera que la inversión minera crezca 6.4% este año. Para los expertos, la minería ilegal puede causar desánimo.

“En cuanto a la promoción de proyectos mineros, la presidenta mencionó avances en proyectos en cartera, pero son los mismos de siempre. Para promover más proyectos, es necesario ser claros en la lucha contra la minería ilegal y en la reducción de los plazos para permisos”, señaló Incháustegui.

Gobitz consideró que la inseguridad parece generalizada en el territorio poniendo en riesgo a personas y empresas. “El tema requiere un abordaje completo. Desalienta (la inversión), pero hay solución, pero debe implementarse urgente”, finalizó.

El “adiós” al Reinfo como una de las medidas

La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, adelantó que se alista un proyecto de ley contra la minería ilegal (está prepublicado para comentarios). Como parte de ello, adelantó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se iría.

“Cuando entré al ministerio, encontré como 86,000 registros de Reinfo y solo poco más de 20,000 mineros tienen la voluntad de formalizarse. El resto lo ha malutilizado”, dijo Mucho.

Al respecto, Pablo de la Flor, de Minera Poderosa, destacó que se necesitan iniciativas que le permitan al Ejecutivo “cerrar rápidamente el Reinfo”.

“(Mucho) ha hecho alusión a un proyecto de ley de pequeña minería, minería artesanal, que ha circulado para revisión y perfeccionamiento, pero debe ser considerado por el Congreso. La llave en toda esta discusión la tiene el Parlamento”, apuntó.

Víctor Gobitz, de la SNMPE, recordó que en el ministro señaló que ya se debe dejar de hablar de “mineros en formalización”, con lo que coincidió. “Esa figura ‘en el limbo’ es la que ha hecho daño. Tiene que haber plazo corto para formalizar, debe haber un registro con trazabilidad”, indicó.