La minería es un sector que impulsa en gran porcentaje la economía del Perú, por lo que las autoridades tienen la responsabilidad de proponer y aprobar medidas contra la informalidad y las actividades ilegales que se realizan en diferentes zonas. Expertos coinciden en las oportunidades que presenta el mercado y brindan opiniones sobre la minería.
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), informó que, en los últimos años, la minería ilegal ha representado una pérdida importante de ingresos para el Estado, equivalente al 2.5% del PBI anual (S/ 22,700 millones al año).
Por ello, es importante analizar las medidas que puede adoptar el Gobierno para erradicar la minería ilegal.
Medidas que debe tomar el Gobierno
- No aperturar el Reinfo
Aperturar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) está en debate en el Congreso; sin embargo, esta sería una medida que impacte en las inversiones mineras negativamente, y que genere una entrada a la minería ilegal.
Cesa Ipenza, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, menciona que “abrir el Reinfo nuevamente genera un problema tremendo porque mineros ilegales se disfrazan de mineros informales y no se les puede sancionar. No debería abrirse este proceso. El Poder Judicial y el Ministerio de Energía y Minas deberían impulsar los procesos ordinarios, es decir, que primero se cumpla la ley y luego se opere”.
Por su parte, Aarón Quiñón, investigador del CEMS de la Universidad del Pacífico, considera que, así como están las condiciones actualmente, una ampliación del Reinfo no va a funcionar.
“Creemos que la discusión debería ser más amplia y proponer un nuevo proceso de formalización integral que supere los obstáculos que tiene el proceso ordinario de formalización”, menciona el especialista.
Actualmente, según el Reinfo, son 87,082 personas que se encuentran inscritas, de las cuales, 14,766 están en proceso de formalización y el 72,316 están suspendidas.
Angela Grossheim considera que “el Reinfo ya no debería continuar ampliándose ni permitiendo que se incorporen más personas con solo la inscripción porque cuando uno se inscribe, tiene que cumplir con algunas condiciones que son pequeñas: tener un instrumento de gestión ambiental, inscribirse en un registro único y señalar cuál es su producción”.
Si no se cumple, las personas que ya se inscribieron en el Reinfo no pueden ser procesadas por minería ilegal. Por lo que se “ha generado una puerta abierta para las actividades delictivas porque con ese documento, las personas que no quieran formalizarse, pueden ser impedidos de ser procesados por ello”.
- Proceso de formalización
Según la ley, el proceso de formalización minera es hasta el 31 de diciembre del 2024, por lo que Ipeza recomienda “no dilatarlo más. Los mineros que quieren realizar alguna actividad minera deberían hacerlo de manera ordinaria. Primero deben cumplir la ley y luego operar”.
Además, reconoce que, con respecto al impacto de la minería artesanal y la de pequeña escala, emplea mucho más que la minería a mediana y gran escala porque es un sector que mueve entre 200,000 a 500,000 personas.
“Si esta minería artesanal en proceso de formalización culminara el proceso y llega a ser formal, las estimaciones podrían tener ente 1 y 1.6% del PBI nacional, que es un aporte muy importante a nivel nacional, solo si terminan de formalizarse. Si esta minería tuviese acceso a mercados competitivos a nivel internacional, el impacto podría ser mayor”, agrega Quiñón.
En el caso de no utilizarse el Reinfo, los mineros informales acatarían el proceso ordinario y, con ello, ninguno podría formalizarse. Por ello, recomienda que las autoridades rescaten los obstáculos y los errores para generar un proceso integral.
Reinfo es considerado una apertura a la minería ilegal. Foto: gob.pe
- Proponer incentivos para acelerar la formalización
Quiñón también menciona que una estrategia de formalización en la minería no solo debe determinar cuáles son los requisitos a cumplir, sino también se debe motivar a que se culmine el proceso.
Es decir, “que los mineros artesanales puedan acceder a cadenas de valor sustentables, responsables, que sean un beneficio económico para ellos. Esta es una estrategia diferente que se tiene que seguir para la erradicación de la minería ilegal”.
Ello debería verse reflejado en el presupuesto que dispone el Estado. Según el profesional, se destinó S/ 86 millones a la erradicación de la minería ilegal en el 2023 y, para la formalización, se designó S/ 24 millones.
Por ello, menciona que el enfoque debería situarse también en el segundo punto porque “una de las consecuencias de no formalizar es el aumento de la ilegalidad y de la criminalidad, que es lo que estamos viendo en Pataz, Arequipa y Madre de Dios”.
- Orden interno y seguridad
Grossheim explica que determinadas zonas requieren una seguridad especial, producto de la violencia que se ejerce con la minería ilegal. A su vez, considera que deben implementarse direcciones especializadas en el Ministerio del Interior para dirigir labores de inteligencia e investigación.
Según el documento “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, elaborado por la SNMPE, existen seis zonas abordadas por economías ilícitas producto de la minería ilegal.
Territorios con minería ilegal en el Perú. Foto: SNMPE
En estos territorios, se encuentran clanes familiares mafiosos; control y corrupción de autoridades políticas y funcionarios para la rentabilidad del negocio ilícito; control territorial y de rutas por cárteles mafiosos; presencia de un poder mafioso contra el estatal, incluso transnacional en zonas de frontera; gran impacto ambiental; violación de derechos humanos.
- Desarrollo institucional
Actualmente, la minería pequeña o artesanal está bajo fiscalización de los gobiernos regionales. Angela Grossheim considera que estas autoridades no cuentan con las capacidades y los recursos para poder hacerlo como corresponde.
Por ello, deben fortalecerse estas direcciones y realizar acciones conjuntas a través de convenios como Osinergmin, Oefa, Sunafil, para que “realmente entidades especializadas pueden realizar la supervisión y fiscalización y si cumplen con los requisitos de la MAPE”.
A su vez, considera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también podría trabajar con las autoridades mencionadas, en el caso de que haya actividades sospechosas relacionadas como el lavado de activos.
- Adoptar tecnologías limpias
El mercurio y el cianuro son algunos de los insumos principales para separar el oro de otros minerales, pero el uso incorrecto e indiscriminado puede contaminar ecosistemas y provocar la muerte de personas y animales.
Por ello, César Ipenza menciona que se deben aprovechas las tecnologías limpias para “recuperarse una mayor cantidad de oro, a diferencia del uso del mercurio. Además, se evitaría la contaminación en los pueblos. La adopción requiere que las autoridades como el Minem y el Ministerio del Ambiente (Minam) acompañen a los mineros a impulsar e implementar estas medidas”.
En esta línea, se ha presentado el proyecto de Ley N° 6906/2023-CR para reducir el uso del mercurio en la minería; con ello, se busca establecer disposiciones normativas para evitar este mineral en la obtención del oro en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
Con ello, también se combatirá el contrabando y el mercado informal de la compra y venta del mercurio, actividades que suelen fomentar el acceso a la minería ilegal e informal.
Ipenza menciona que los precios de las tecnologías limpias varían, “pueden costar US$ 5,000, pero dependerá del proceso de adaptación a nuestro contexto, pero si el Estado apuesta por ello, hay una asistencia y los costos se masifican, el costo de adquisición puede reducirse”.
Tecnologías limpias erradicarían el uso del mercurio en la extracción de oro. Foto: Seguridad minera
Postura de la ciudadanía ante la minería ilegal
El Estado tiene varias acciones que tomar para frenar la minería ilegal e impulsar la formalización del sector; sin embargo, no son los únicos personajes que pueden actuar para mejorar las circunstancias de esta actividad.
César Ipenza insta a la ciudadanía a no consumir joyería de oro que no se encuentre certificada porque “no solo deberíamos cuestionar la actividad, sino ser unos consumidores responsables”. En esa línea, una joya que no tenga claridad de sus orígenes, puede provenir de la minería ilegal.
