La minería ilegal sigue avanzando en la región Piura, generando creciente preocupación entre los habitantes por la invasión de tierras agrícolas y los riesgos ambientales asociados. Especialistas señalan que la ausencia de supervisión efectiva por parte de las autoridades ha permitido que esta actividad se expanda, afectando fuentes de agua y amenazando el ecosistema local. La falta de control institucional también pone en peligro la salud de las comunidades cercanas a las zonas mineras.

A pesar de que Piura se encuentra en Estado de Emergencia por déficit hídrico, la minería ilegal sigue operando sin mayores restricciones, lo que ha generado malestar entre la población. Según el ingeniero Alejandro Vásquez, la minería informal podría generar ingresos para el Estado, pero la gestión inadecuada de los recursos ha impedido que esos beneficios lleguen a las comunidades afectadas. Además, ha criticado las constantes prórrogas a los mineros informales, lo que retrasa el proceso de formalización de esta actividad.

Los mineros ilegales, lejos de buscar una regulación efectiva, han solicitado nuevas modificaciones a la Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), promovida por el Ejecutivo. Ismael Palomino, coordinador de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), ha indicado que han presentado cinco propuestas al Congreso, de las cuales tres podrían retrasar aún más el proceso de formalización.

En la II Audiencia Descentralizada de la Comisión de Energía y Minas, Celso Cajachagua, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), reiteró la importancia de tomar en cuenta las propuestas de los mineros. No obstante, expertos advierten que la falta de una regulación estricta podría prolongar los problemas ambientales y sociales que afectan a la región de Piura.

En los últimos cinco años, la minería ilegal se ha intensificado en varios distritos como Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Sapillica, Paimas, Lancones y Huancabamba, donde se estima que operan cerca de 10,000 mineros informales. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades sigue siendo un obstáculo para solucionar este problema, mientras que los pobladores exigen medidas claras y concretas para proteger sus recursos naturales y mejorar su calidad de vida.