La minería ilegal, en especial la extracción de oro, viene causando daños profundos y en muchos casos irreversibles en la Amazonía y otras regiones de América Latina. Este tipo de actividad afecta directamente a los ecosistemas, pone en riesgo la salud de las comunidades indígenas y provoca crisis sociales y ambientales en países como Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el caso peruano, representa una amenaza concreta para áreas naturales protegidas.
Lejos de ser un problema local, la minería ilegal se ha convertido en una preocupación continental. Su impacto trasciende fronteras y afecta tanto a la biodiversidad como a la estabilidad social en la región. Así lo ha advertido la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que resalta cómo esta actividad afecta a comunidades vulnerables en varios países latinoamericanos.
Uno de los aspectos más alarmantes es el uso de mercurio para separar el oro del sedimento, lo que genera contaminación en los ríos y pone en riesgo la salud de las poblaciones cercanas. Aunque Perú está adherido al Convenio de Minamata desde 2013 y la minería formal ya no emplea este químico, sigue existiendo un tráfico ilegal que lo abastece a las operaciones clandestinas. Esto ha generado niveles preocupantes de toxicidad en diversas fuentes de agua, especialmente en la Amazonía.
Madre de Dios es uno de los casos más graves: entre 2017 y 2018 se perdieron más de 18 mil hectáreas de bosque por efecto de esta actividad ilegal, que también afecta zonas aledañas en Cusco y Puno. La contaminación afecta no solo al medio ambiente, sino también a la alimentación y salud de las poblaciones amazónicas, ya que los peces —fuente básica de proteína— absorben el mercurio que se vierte en los ríos.
A todo esto se suma un preocupante aumento de la violencia. En 2017, Madre de Dios registró una tasa de homicidios de 46,6 por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional. En paralelo, Puno encabezó las denuncias por trata de personas, una problemática que muchas veces va de la mano con la minería ilegal. Este panorama evidencia que el impacto de esta actividad no es solo ambiental, sino también profundamente humano y social.
