La minera Poderosa, ubicada en Pataz, región La Libertad, ha expresado su preocupación por el creciente nivel de violencia en la zona, el cual atribuye al «crecimiento exponencial» de la minería ilegal, que se ha visto favorecida por la ampliación del REINFO. La empresa exige al Gobierno que cumpla con su compromiso de brindar seguridad en la región, tras un reciente ataque perpetrado por mineros ilegales, quienes, en connivencia con grupos criminales, dinamitaron una torre de alta tensión.

A través de un comunicado, la minera denunció que, bajo el marco del REINFO, el Parlamento ha ampliado este proceso formalizador que, según indican, ha fracasado rotundamente y ha generado efectos negativos. Uno de los resultados ha sido el incremento de la minería ilegal y, con ello, el aumento de la violencia en la zona, que está afectando tanto a las operaciones mineras como a la seguridad de la comunidad local.

La Poderosa reiteró su solicitud al Gobierno para que cumpla con su promesa, hecha hace casi un año, de constituir un frente policial en Pataz que ayude a erradicar la minería ilegal, la cual, según la minera, es la principal fuente de ingresos ilícitos en la región, incluso superando al narcotráfico. También advierte sobre los vínculos de esta actividad con delitos como la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el tráfico de armas y explosivos, los cuales han ido en aumento en los últimos meses.

La reciente violencia en la zona, subraya la minera, se hizo evidente el domingo 12 de enero, cuando un grupo de presuntos mineros ilegales y criminales dinamitaron una torre de alta tensión en Pataz, específicamente la torre N.º 24 de la recién inaugurada Línea de Transmisión de 60 kV. Con este ataque, ya son 15 las torres de alta tensión destruidas en los últimos cuatro años, un daño significativo a la infraestructura esencial para el funcionamiento de la minera y otras áreas del distrito.

Gracias a un plan de contingencia implementado por la propia minera, el suministro eléctrico no se interrumpió por mucho tiempo, lo que permitió mitigar el impacto en las operaciones. Sin embargo, este ataque ocurre a pesar de la presencia de un contingente de más de 200 policías y efectivos del Ejército en la zona, tras la renovación del estado de emergencia. A pesar de estos esfuerzos, los enfrentamientos violentos entre los grupos ilegales continúan, dejando un saldo de 18 colaboradores muertos, según lo informado por la empresa.

La situación se agrava debido a que, según denuncian desde La Poderosa, durante las explosiones y la confusión por el corte de luz, los mineros ilegales, en colaboración con los grupos criminales, tomaron el control de la operación de otro minero ilegal, identificado como Genaro Ríos, en la quebrada de Carhuabamba. Allí, secuestraron a 17 trabajadores, quienes quedaron atrapados por un derrumbe en la entrada de la bocamina. La minera señala que la zona ha sido invadida por mineros ilegales en los últimos años, lo que obligó a la empresa a retirarse para proteger la seguridad de su personal.

A pesar de las denuncias realizadas ante las autoridades locales y nacionales, la minera ha señalado que la Policía no ha intervenido de manera efectiva para frenar la presencia de los mineros ilegales, que siguen controlando la zona. La Poderosa se encuentra atrapada en un conflicto entre grupos delincuenciales, quienes están utilizando métodos terroristas para resolver disputas territoriales, lo que ha puesto en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y la comunidad. En las festividades navideñas pasadas, los enfrentamientos entre estos grupos ilegales resultaron en la muerte de cinco personas, un claro reflejo de la creciente violencia en la zona.