La minería a cielo abierto en México es un tema polémico, especialmente ante la reciente propuesta de Reforma Constitucional que busca prohibirla. Sin embargo, eliminar esta práctica podría tener serias consecuencias económicas para el país. En lugar de prohibirla, es fundamental promoverla bajo un marco regulatorio que garantice la protección del medio ambiente y de las comunidades locales.

Económicamente, la minería a cielo abierto es crucial para México, representando el 60% del valor de la producción minero-metalúrgica y sosteniendo más de 70 industrias, desde la automotriz hasta la médica. Si la reforma es aprobada, México podría enfrentar una contracción económica de hasta 250 mil millones de pesos anuales y la pérdida de más de un millón de empleos, afectando gravemente a las comunidades rurales que dependen de esta actividad.

Además del impacto en el PIB, la minería a cielo abierto aporta más de 30 mil millones de pesos al erario público, recursos vitales para financiar proyectos sociales e infraestructura. La prohibición podría convertir a México en un importador neto de minerales, aumentando las importaciones en un 132% y provocando un déficit en la balanza comercial de 93 mil millones de pesos, afectando la autosuficiencia del país en minerales esenciales para la transición energética.

Los miembros de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) operan con altos estándares ambientales, promoviendo una minería responsable y sostenible. Prohibir esta actividad solo abriría la puerta a la minería informal, que carece de regulaciones y representa un mayor riesgo para el medio ambiente y la seguridad.

A nivel internacional, países como Estados Unidos y Canadá permiten y regulan la minería a cielo abierto, reconociendo su importancia económica y su rol en la transición hacia energías limpias. México no debe quedarse atrás; prohibir esta actividad limitaría su competitividad en un mercado global cada vez más exigente.

En lugar de una prohibición, es necesario un diálogo constructivo entre el Gobierno, la industria y las comunidades para crear un marco regulatorio que permita la explotación responsable de los recursos naturales, asegurando el desarrollo económico, social y ambiental del país.