En los últimos meses los conflictos en las minas Cuajone y Las Bambas han golpeado a este rubro, aunque en el caso del primero se llegó a una tregua por 15 días. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha informado que por estos problemas el 20% de la producción de cobre está en riesgo.

No obstante, estos no son los únicos casos. Según la Defensoría del Pueblo, hay 87 conflictos socioambientales, de los cuales 65 son activos, es decir aquellos “expresados por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas (que en muchos casos se manifiestan con bloqueos o tomas de carreteras)”.

El representante de la adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado, aseguró que el 66% de conflictos está en proceso de diálogo, pero aseguró que el problema se presenta cuando se firma un acta de compromiso y no se cumple lo ofrecido.

“Acá hay una responsabilidad compartida. Lo que debe hacer el gobierno es darles continuidad a los compromisos”, comentó a este diario.

En ese sentido, consideró que se necesita conocer cuál es la política de seguimiento de las actas de todos los involucrados en el sector.

“Cada vez que va a darse una crisis, recién se anuncia que se hará un seguimiento (…). El diálogo no solo debería ser para llegar a un acuerdo sino también para que se cumpla”, precisó.

Cartera sin avance

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay una cartera de 43 proyectos mineros que ascienden a US$53,168 millones, pero con tantos problemas en torno al sector, la ejecución de esos proyectos podría verse muy lejana, según analistas.

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi indicó que son tantos los problemas que se están generando actualmente, que esto llevará a que los inversionistas internacionales comiencen a centrar su atención en otros países.

“Las nuevas inversiones en minería no se dan por los conflictos. El inversionista mira a otros países porque también tienen oportunidades para desarrollar este sector”, advirtió. Asimismo, afirmó que si el Perú hoy en día “resiste” a la crisis por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, es por lo que “acumuló recursos gracias a la minería”.

Por su parte, el exviceministro de Minas Rómulo Mucho comentó que no se ha medido la magnitud de los conflictos más allá de los ingresos para el país.

“Si continúa esta situación, los proveedores van a tener que despedir gente, lo que va a generar un aumento de la informalidad, de la delincuencia, de enfermedades y la destrucción del país”, resaltó.

Agregó que este es un gobierno antiminero, en el que “no le interesa tener personas por meritocracia”.

Datos

• A marzo de este año, la Defensoría del Pueblo registraba 208 conflictos sociales en el país, de los cuales 160 estaban activos y 48 latentes.
• La mayor cantidad de conflictos se encontraba en Loreto con 29 casos, seguido por Cusco y Áncash.
• La información señala que son 106 casos que están en proceso de diálogo.