La comunidad de Fuerabamba en la región andina de Perú fue reasentada hace ocho años para permitir la construcción de la gran mina de cobre Las Bambas, a un costo de US$ 1,200 millones y como parte de un plan que debía ser un ejemplo para la industria minera.

Ahora, sin embargo, la comunidad dice que quiere sus terrenos de vuelta.

En abril, más de 100 residentes de Fuerabamba invadieron Las Bambas y colocaron carpas cerca de su gran tajo abierto, obligando a suspender producción en una mina que produce 2% del cobre mundial.

A ellos se les unió la comunidad vecina de Huancuire, que está a su vez protestando contra un plan de expansión de la mina en tierras que también fueron vendidas.

A fines de abril, la dueña de Las Bambas, la china MMG Ltd, intentó desalojar los campamentos en un enfrentamiento que dejó decenas de heridos pero no pudo acabar con la protesta.

La producción de cobre se mantiene suspendida, sin un horizonte en la que pueda comenzar de nuevo.

El intento de desalojo logró sacar a Fuerabamba, pero no a Huancuire. Desde entonces, las dos comunidades han formado una alianza para negociar con el Gobierno y la empresa minera.

Mientras que Fuerabamba comenzó su protesta acusando a Las Bambas de no haber cumplido todos sus compromisos relacionados al reasentamiento de la comunidad, las tensiones solo han subido desde el desalojo. Las Bambas dijo que falta cumplir 20% de sus obligaciones con Fuerabamba, y están en proceso de cumplimiento.

“Vamos a seguir luchando hasta que Las Bambas tenga que cerrar y se largue de aquí”, dijo a Reuters Edison Vargas, el presidente de Fuerabamba después del desalojo. “Es una guerra”.

La protesta es la crisis más severa que ha enfrentado Las Bambas desde su inicio de operaciones el 2016, poniendo en duda el futuro de una de las inversiones más grandes que haya visto el Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo.

La mina, que todavía espera producir cobre por más de una década, ha enfrentado muchos bloqueos de vías en los últimos años por parte de comunidades indígenas más alejadas de la mina que han logrado impactar su producción.

-Fracasa desalojo-

Pero la invasión de los terrenos de Las Bambas representa una escalada nunca antes vista en el conflicto, además de la desintegración de uno de los planes de reasentamiento mineros más caros en la historia del Perú.

Las tensiones están tan altas que ejecutivos de Las Bambas están cuestionando abiertamente la legitimidad de las protestas.

“¿Hay realmente una problemática social que atender o es que (…) en realidad se ha generado un negocio alrededor de los conflictos?”, preguntó Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos de Las Bambas, en una conferencia de la industria minera el miércoles.

“Tenemos comerciantes de conflictos (sociales)”, se respondió Castro. “Esto no se combate con diálogo (…) sino que tiene que activarse lo que llamamos en forma simple el principio de autoridad”.

Cerca de 1,600 miembros de Fuerabamba fueron reasentados el 2014 en un pueblo urbano de casas de tres pisos construidas por Las Bambas. La comunidad aceptó la mudanza, que vino con US$ 300 millones en compensaciones en efectivo, según la empresa.

Un reportero de Reuters visitó Las Bambas a fines de abril y vio como decenas de residentes de Fuerabamba, incluyendo mujeres y niños, estaban construyendo casas de adobe en lo que una vez fueron sus terrenos y llevando su ganando a pastar. Todo con el gran tajo de la mina en segundo plano.

Miembros de Fuerabamba y Huancuire dijeron que no pretenden abandonar su plan de recuperar sus tierras ancestrales.

Pero esa demanda tiene muy pocas posibilidades de concretarse. Las dos comunidades han recibido millones de dólares de Las Bambas como pago por la venta de los terrenos que ahora quieren de vuelta.

Las Bambas dice que las protestas son ilegales. La empresa rehusó varios pedidos de comentario.

Esta semana, el gobierno fracasó en su intento de mediar un acuerdo que pudiera permitir el reinicio de operaciones de Las Bambas, mientras la suspensión de producción ya va en su tercera semana.

En el encuentro, la empresa y las comunidades intercambiaron acusaciones de violencia. Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Las Bambas, dijo que Fuerabamba y Huancuire habían destruido decenas de millones de dólares en infraestructura durante el intento de desalojo, así como herido a 27 miembros de su equipo de seguridad.

Vargas dijo que una persona de su comunidad había perdido un ojo en medio de la violencia.

“Esta protesta es la mas grave que enfrenta Las Bambas desde que comenzó a operar en Perú”, dijo Iván Merino, un exministro de minería del cuestionado presidente Pedro Castillo, que encara el dilema entre apoyar a las comunidades rurales – que votaron masivamente por él – y la necesidad de dinamizar la economía.

“El Estado no tiene el control para resolver el conflicto”, agregó Merino.

-Rostro del progreso-

En la plaza de Nueva Fuerabamba, como se llama el pueblo que Las Bambas construyó, hay una placa que dice que el lugar es el “rostro del progreso y esperanza”.

Sin embargo, cerca de una docena de miembros de Fuerabamba dijeron a Reuters que la abrupta transición de una comunidad rural a un pueblo urbano les ha causado trauma y otros problemas de salud mental.

Ellos citaron cosas cotidianas como que las casas de ladrillo -con electricidad y desagüe- no mantienen el calor de las noches andinas como sus antiguas casas de adobe.

Varios dijeron que hay miembros de la comunidad que se han suicidado después del reasentamiento.

Otros dijeron que ahora deben pagar por agua, comida y gas para cocinar, lo que en la antigua comunidad rural podían conseguir gratis de su propia tierra. Muchos ya no cultivan sus propios alimentos porque la tierra agrícola que les proporcionó Las Bambas queda demasiado lejos.

“El problema es que no se consiguió un progreso sostenible”, dijo Paola Bustamante, directora en la consultora Videnza y una exfuncionaria del gobierno a cargo de solucionar los conflictos sociales de Las Bambas. “Lo que se hizo fue darles plata y ya”.

Tres fuentes de Fuerabamba dijeron a Reuters que varios miembros ya habían gastado toda la plata que recibieron de la minera durante el reasentamiento.

Este plan, que MMG heredó de Glencore Plc cuando compró la mina, otorgó compensaciones en efectivo de en promedio US$ 500,000 por familia, además de un puesto de trabajo vitalicio en Las Bambas por núcleo familiar. En Fuerabamba dicen que los pagos en realidad fueron de alrededor de US$ 100,000.

En cualquier caso, esa es una cifra gigante en un país donde el sueldo mínimo anual es de US$ 3,300.

“Para nosotros era harta plata, inacabable”, dijo a Reuters Dominga Vargas, quien siempre ha vivido en Fuerabamba. “Pero ahora todo se ha acabado, no tenemos nada”. “Claro, como no nos vamos a arrepentir (de vender)”, añadió. “Lloramos, por desesperación”.

-”Nos pertenece el subsuelo”-

El Gobierno le dio a MMG permiso en marzo para expandir la mina Las Bambas y construir un nuevo tajo, llamado Chalcobamba, al que se oponen las comunidades más cercanas a la mina.

Vargas, el presidente de Fuerabamba, dijo que el gobierno ignoró las advertencias tempranas de que se venía una crisis.

En una carta el 28 de marzo, Vargas advirtió al Ministerio de Energía y Minas que había una “situación crítica” en Las Bambas pero nunca obtuvo respuesta.

Luego de la invasión, el 27 de abril, Las Bambas los desalojó a la vez que el gobierno suspendía los derechos a la reunión y a la protesta.

Después del desalojo, Vargas escribió en una carta a Las Bambas que cualquier intento de retomar las operaciones de producción de cobre serían tomadas como una “provocación” por la comunidad y podrían desencadenar más violencia, según otra carta vista por Reuters y fechada el 29 de abril.

“Las Bambas no se mueve, no sale ni un gramo de cobre”, reiteró Vargas en la reunión de esta semana con la minera y el gobierno.

La comunidad de Huancuire también vendió terrenos a Las Bambas hace como una década por US$ 33 millones, los cuáles ahora son claves para su plan de expansión. Pero la comunidad ahora está demandando mayores beneficios.

Pablo O’Brien, un exasesor del Ministerio de Energía y Minas, dijo que las comunidades están jugando con la suerte en sus demandas, porque ya han recibido pagos en el pasado. “Esta situación es ya pues una extorsión abierta”, dijo O’Brien. “Porque (las comunidades) no pueden decir que no se les ha dado”.

Las comunidades han negado que se trate de una extorsión.

“Nosotros como comunidad indígena nos vamos hacer respetar porque el Gobierno ha autorizado el inicio de actividades sin consultar a la comunidad”, dijo Romulado Ochoa, presidente de Huancuire sobre los planes de expansión de Las Bambas.

Según la ley peruana, los ciudadanos no son dueños de la riqueza del subsuelo, un hecho que Ochoa reconoció. Pero él dijo que las comunidades indígenas tienen derechos especiales por su larga existencia.

“Nosotros hemos vendido encimita nomás, lo que es superficial”, dijo. “Pero a nosotros aún nos pertenece el aire y el subsuelo”.

Reuters