El gobierno anunció la implementación de la Ventanilla Única Digital Minera (VUD) hace más de un año. El objetivo, según mencionó el ex premier Alberto Otárola durante el PERUMIN, es eliminar los obstáculos al desarrollo de la inversión minera en el país. Para ser más exactos, agilizar los procesos de certificación ambiental.
La implementación debió culminar a finales del año pasado. Sin embargo, hay grupos de trabajo con reuniones periódicas, buscando estandarizar procesos administrativos, acelerar evaluaciones, estudios y permisos para que los proyectos de inversión salgan adelante, según indica el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho.
Participan en ello diez entidades públicas, entre las que se encuentran la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), OEFA, OSINERGMIN entre otras. Como todos sabemos, será muy complicado que todas estas entidades se pongan de acuerdo para tener un mecanismo consensuado.
¿Qué perdemos con estas demoras en términos económicos? Para empezar, estamos rezagados en un contexto de precios altos en el mercado de minerales. La teoría económica indica que estos ciclos de incremento son momentáneos y la lentitud burocrática impide aprovecharlos.
También ponemos en riesgo el dinamismo económico que generará el puerto de Chancay. Con proyectos aprobados en plazos razonables, aprovecharíamos el impacto en el PBI que ofrece esta infraestructura. Perdemos, además, la oportunidad de tener más puestos de trabajo formales y la posibilidad de tener más empresas desarrollando proyectos de beneficio social. Y con proyectos estancados, propiciamos el avance de una minería ilegal, que envuelve al país a una espiral de violencia y criminalidad.
Entre los expedientes y agenda de proyectos del Estado, hay 51 proyectos de construcción minera, valorizados en más de 54,500 millones de dólares, y 75 de exploración en 644 millones de dólares. Todas estas cifras tienen un crecimiento logarítmico cuando se implementan los proyectos. La solución es encargar la implementación de la VUD a una sola entidad y esta debería ser el MINEM, que debe tener el poder para articular todas las decisiones y procedimientos entre todas las entidades involucradas y fijar una fecha límite para su consolidación. Las demoras impiden que miles de millones de dólares de inversión ingresen a nuestra economía, afectando nuestra competitividad minera y el desarrollo del país.
