El sector minero en Perú está atravesando dos momentos: si bien los precios del cobre alcanzan cifras récord -lo que usualmente incentivas inversiones en el ramo-, los proyectos de nuevas minas, en su mayoría cupríferos, siguen paralizados y el propio sector no avizora que se les pueda impulsar en el corto plazo.

Pese a esta situación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2024-2027, prevé incluso que la inversión minera este año alcance los US$ 4,900 millones, cifra mayor en2.1 % respecto a los US$ 4,700 millones que sumó el 2023.

¿En qué se sustenta la proyección del MEF?

Tal recuperación de la inversión minera, según argumenta ese documento, se sustenta, en parte, en la ejecución de proyectos de ampliación y reposición de la producción en actuales minas que suman US$ 3,101 millones.

Entre ellos menciona a Reposición Antamina (US$ 1,604 millones), que iniciaría construcción este año; Chalcobamba I (US$ 130 millones), y la Ampliación Toromocho Fase II (US$ 815 millones, con lo cual se acelerarían las inversiones principalmente en el primer semestre del año en curso.

Otra parte de su proyección se sostiene en el inicio de construcción este año, de un grupo de nuevas minas, como Corani, Romina, Zafranal e Integración Coroccohuayco, además de Reposición Raura, que en conjunto totalizan una inversión de US$3 ,568 millones.

Situación de los proyectos

Sin embargo, en el caso del proyecto más ambicioso de ese segundo grupo: Coroccohuayco (US$1,500 millones), la empresa a su cargo, minera Antapaccay, ha señalado que aún enfrenta retos sociales, y que, además, está en proceso de adquisición de tierras para esa iniciativa y que aún esperan ejecutarla en el mediano plazo.

Respecto al segundo en envergadura de ese grupo, Zafranal (por US$1,263 millones), la empresa que planteó ese proyecto ha declarado que todavía está a la espera de su aprobación por parte de sus inversionistas para el año 2025.

Sobre el tercero en importancia (por su inversión) como Corani (US$579 millones) de la empresa Bear Creek, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, declaró al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que aún guarda la esperanza de sacar adelante a esa iniciativa.

Además, Bear Creek ha indicado que está a la expectativa de que se le renueve los permisos para dicha iniciativa, y que haya mejores condiciones para buscar capital para hacerla realidad.

Proyectos brownfield

El ministro del Minem señaló al IIMP que los proyectos que viene destrabando su sector (como Reposición Antamina, Yumpag, Antapaccay, Coroccohuayco, o Inmaculada), son brownfield, es decir ampliaciones de minas en operación.

Pero, respecto a proyectos greenfield, es decir de nuevas minas, el ministro Mucho reconoció que no es posible que sean impulsados en el corto plazo, porque “estamos saliendo de una crisis enorme del Gobierno anterior y toma tiempo en retomar la confianza del país hacia los inversionistas”.

De hecho, la proyección del MEF difiere del estimado del ministro del Minem, quien avizora la suma de US$4,600 millones, lo que lo coloca en un escenario menos optimista.

Proyección es muy baja

Marcial García Schreck, especialista en minería de EY Perú, consideró que, aún si se lograra un crecimiento en las inversiones del sector del 2.1%, con US$4,900 millones como proyecta el MEF, es un monto muy bajo, considerando la cantidad de proyectos en cartera (51 por US$ 54,556 millones).

El experto coincidió con el ministro Mucho en que la inestabilidad política de nuestro país juega en contra de las inversiones, pues hoy nadie sabe lo que pasará tras el año 2026, cuando los inversores necesitan certidumbre para desarrollar sus proyectos.

En esa línea, señaló que, si destrabara grandes proyectos en esa cartera, como La Granja o Tía María, sería muy favorable para el Perú, en esta coyuntura de, por un lado, recesión económica, y otra, de proyección que seguirán altos los precios del cobre.

La regulación es extensa y fragmentada

El presidente del IIMP, Abraham Chahuan, observó que el atractivo del Perú para las inversiones mineras se ha reducido en los últimos años, debido a factores como regulación extensa y fragmentada, que genera incertidumbre.

Detalló que la carga regulatoria para la minería aumento de 12 a 265 procesos administrativos en las últimas dos décadas, y existen 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones.

Además, indicó que, de los 51 proyectos en cartera, 23 presentan retrasos por razones ajenas a la voluntad de la empresa, con un monto de inversión de US$ 30 mil millones.

“El costo económico de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros, significó pérdidas de S/ 700 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal”, puntualizó. Igualmente, advirtió que dos tercios de la inversión atrasada acumulan más de una década de retraso, entre ellos, Conga y Tía María.