El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) vuelve a alzar su voz con profunda consternación ante los más recientes actos de violencia perpetrados por la minería ilegal en Pataz. Este nuevo atentado, ocurrido ayer a las 8:00 p.m., se produce a menos de 24 horas de uno en el que falleció un trabajador minero artesanal y se derribó una torre de alta tensión.
Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, la minería ilegal atenta directamente contra la vida y la seguridad de los trabajadores mineros y las comunidades. En esta ocasión, trabajadores mineros artesanales han perdido la vida y otros han resultado gravemente heridos, sumiendo a sus familias y a toda la comunidad minera en un luto y una indignación absolutos. Nos duelen las pérdidas irreparables, el sufrimiento de las familias y nos preocupa el constante clima de terror que se vive en la zona.
La persistencia de la violencia de la minería ilegal nos obliga a insistir en la necesidad de fortalecer las acciones que se despliegan desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es fundamental incrementar la presencia de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los trabajadores y la población.
Además, resulta trascendental fortalecer el sistema de justicia para asegurar que los responsables de estos crímenes no queden impunes. Es alarmante que, según cifras recientes, en lo que va del 2025, la Policía Nacional haya detenido a 91,907 personas, y que el 92% de ellas hayan sido puestas en libertad por la Fiscalía. Esto evidencia la urgencia de optimizar la coordinación y eficacia en todo el proceso judicial.
De otro lado, es vital impulsar el desarrollo de la minería formal, que es un motor importante de desarrollo para diversas regiones del país. En esa línea, reiteramos la importancia de promover y establecer una normativa que contribuya al desarrollo de la minería responsable que genere empleo y bienestar en las comunidades.
El IIMP hace un llamado enérgico a las autoridades para implementar una estrategia integral que permita erradicar los actos violentos de la minería ilegal y construir un futuro de prosperidad para todos. La institucionalidad y el Estado de Derecho deben prevalecer.