El gobierno hondureño cancelará los permisos ambientales para la minería metálica y no metálica, según un breve comunicado emitido el lunes, en el que califica a la industria de dañina y declara que prohibirá específicamente la minería a cielo abierto.
El comunicado del Ministerio de Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minas añadió que se preservarán las áreas naturales de “alto valor ecológico”, sin entrar en más detalles.
“Se cancela la aprobación de los permisos de explotación extractiva por ser perjudiciales para el Estado de Honduras, por atentar contra los recursos naturales, la salud pública y porque limitan el acceso al agua como derecho humano”, según el comunicado del ministerio.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente a una solicitud de aclaración sobre si las cancelaciones de permisos sólo afectarán a los nuevos proyectos, o si también se aplicarán a los ya existentes.
El anuncio proviene del gobierno de apenas un mes de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien asumió el cargo en enero prometiendo sacar a la nación centroamericana “del abismo” causado por las políticas económicas fallidas y la corrupción rampante.
El programa electoral de Castro, publicado el pasado septiembre, prometía limitar la minería, antes de su victoria en las urnas a finales de noviembre. El manifiesto detallaba 282 concesiones mineras otorgadas por gobiernos anteriores hasta 2017, citando al instituto de geología y minería del país.
La empresa canadiense Aura Minerals explota una mina a cielo abierto en el oeste de Honduras, donde se ha encontrado con una fuerte oposición local, en parte debido a supuestas molestias en un cementerio indígena maya-chortí.
El año pasado, la empresa suspendió sus operaciones debido a lo que describió como bloqueos ilegales.
La mina San Andrés de Aura Minerals procesó más de 4,4 millones de toneladas de mineral en 2020, produciendo casi 61.000 onzas de oro, según el sitio web de la empresa.
Los ingresos de las exportaciones mineras hondureñas de los proyectos de plata, zinc y plomo en el país ascendieron a casi 130 millones de dólares el año pasado, según datos del banco central, que no incluyeron ningún ingreso por envíos de oro.
