Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), anunció que el Gobierno está desarrollando planes de economías alternativas para reconvertir a los mineros ilegales. Esta iniciativa busca no solo combatir la minería ilegal, sino también ofrecer soluciones sostenibles a las comunidades afectadas.

García Esquerre explicó que el enfoque del Ejecutivo sigue un modelo similar al de Devida en el combate al narcotráfico, pero adaptado a la realidad de la minería ilegal. Los tres ejes principales de esta intervención serán la formalización, la erradicación y la recuperación del ambiente.

«El Estado está decidido a intervenir en la minería ilegal con mayor intensidad», afirmó el vocero de la PCM destacando que la acción social del Estado es crucial para ofrecer alternativas viables a las familias que dependen de esta actividad.

Soluciones adaptadas

Uno de los principales retos es la diversidad geográfica del país, lo que requiere soluciones adaptadas a cada región. Por ejemplo, en Madre de Dios, una región con características amazónicas, se podría impulsar la agricultura con productos que tengan alto valor añadido. García mencionó que instituciones del Estado y la cooperación internacional ya están trabajando en proyectos que ayudan a los agricultores a mejorar sus productos y acceder a mercados internacionales.

El alto comisionado subrayó la importancia de ofrecer a las familias una opción legal y sostenible que no solo mantenga sus ingresos, sino que también les brinde estabilidad y tranquilidad. «Muchos piensan equivocadamente que siempre se gana más en la informalidad, pero hay casos donde la formalización ha mejorado los ingresos y la calidad de vida», indicó García.

Asimismo, el alto comisionado relató su experiencia en Cajamarca, donde conversó con un minero que, tras formalizarse, logró aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida gracias al acceso a tecnología y otros recursos. Además de los beneficios económicos, García enfatizó que la formalización y las economías alternativas proporcionan un marco legal que ofrece seguridad y tranquilidad a las familias.

«Vivir en un estado de derecho tiene un valor incalculable», aseguró. El Gobierno busca motivar tanto al sector público como al privado para invertir en estas nuevas economías, creando un entorno legal y sostenible que permita a las comunidades alejarse de la economía ilegal.