El Gobierno chileno se ha comprometido a revisar el proyecto de ley sobre el canon minero antes de su entrada en vigor el próximo año. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha destacado la posibilidad de realizar ciertas modificaciones que no alteren el proyecto original, pero que podrían incluirse durante la etapa legislativa.

El proyecto de ley propone un royalty con un componente ad valorem y un elemento variable vinculado al margen de explotación minera. Sin embargo, se han recibido críticas sobre su impacto en la competitividad del sector. Por ello, Marcel ha señalado la posibilidad de fijar un límite a la carga fiscal potencial por la combinación de varios impuestos y permitir a las empresas incluir los gastos de puesta en marcha como coste para el cálculo de la renta imponible operativa minera ajustada.

Además, las empresas con pérdidas de explotación y aquellas con rentabilidad muy baja quedarían exentas del componente ad valorem. Según el Gobierno, los posibles cambios protegerían las inversiones, especialmente de las pequeñas y medianas mineras, ya que el canon tendría un componente fijo del 1% sobre las ventas de cobre. El resto, entre el 8% y el 26%, dependería del margen de explotación de la empresa minera.

Chile es el primer productor mundial de cobre y acoge a grandes mineras como BHP, Anglo American, Río Tinto, Antofagasta, Glencore y la estatal Codelco. Desde que el Presidente Gabriel Boric presentó la idea de un nuevo royalty, la industria minera ha expresado su preocupación sobre las posibles reformas. Según argumentan, podrían añadir incertidumbre a las decisiones de inversión necesarias para cubrir el déficit mundial de suministro de cobre a medida que aumenta la demanda en la transición hacia energías limpias.