Jue. Oct 17th, 2024

Gasoducto al sur: TGP pide una extensión de 10 años en su concesión

Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto de Camisea, presentó formalmente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) su propuesta para extender la distribución de gas natural hacia el sur del país. Este ambicioso proyecto, que requiere una inversión estimada de US$ 2,000 millones, tiene como objetivo mejorar el acceso energético en regiones como Arequipa y Moquegua, aunque no implicará recursos estatales.

Tomás Delgado, CEO de TGP, enfatizó que la iniciativa es completamente privada y no requerirá subsidios del gobierno. “Buscamos masificar el uso del gas natural en el sur del país. Actualmente, el gas que llega a esta región se transporta por camiones, lo que incrementa costos y limita el acceso de las industrias locales a este recurso esencial”, afirmó.

El proyecto, denominado TGP Extensión Sur, contempla la ampliación del ducto existente desde Humay (Mollendo) hasta Arequipa y Moquegua, abarcando una extensión de 923 kilómetros y una capacidad de transporte de 300 MMSCFD (millones de pies cúbicos estándar por día). “Este proyecto no solo reducirá costos, sino que también facilitará el desarrollo de la industria petroquímica en la región, impulsando la economía local”, añadió Delgado.

Además, el proyecto busca mejorar el sistema eléctrico del sur del país. Actualmente, las centrales termoeléctricas de Mollendo e Ilo, con 1,500 megavatios cada una, operan solo como respaldo debido a la falta de suministro de gas. “El COES ha indicado la necesidad de incrementar la generación eléctrica eficiente en el país. Con la extensión del gasoducto, estas centrales podrán operar más efectivamente, reduciendo la dependencia de combustibles más costosos como el diésel”, explicó el CEO.

La propuesta de TGP complementa el SIT-Gas, un proyecto estatal que busca llevar gas natural al sur del país, el cual no ha tenido avances concretos hasta ahora. El nuevo ducto de TGP tendrá una capacidad inicial de 300 MMSCFD, con posibilidad de expansión según la demanda. “Esta capacidad es suficiente para abastecer las centrales eléctricas del nodo energético, satisfacer la demanda de Arequipa y facilitar el desarrollo de la industria petroquímica en Humay y Mollendo”, precisó.

Delgado también reiteró que el desarrollo del proyecto TGP Extensión Sur no requerirá inversiones estatales ni mecanismos como la Garantía de Red Principal, que se utilizó en el fallido Gasoducto Sur Peruano. Este último implicaba un aumento en las tarifas eléctricas para financiar la infraestructura.

El CEO subrayó que la nueva propuesta será completamente financiada por TGP, evitando costos adicionales para los usuarios peruanos. “Contamos con una sólida capacidad financiera, lo que nos permite asumir este proyecto de forma integral. Esta es una de las inversiones privadas más grandes para los próximos años. El gas que llegará al sur tendrá la misma tarifa que se paga en Lima, lo que representará un ahorro significativo para hogares e industrias”, destacó.

La iniciativa fue presentada oficialmente al Minem el 10 de septiembre y actualmente se encuentra en la etapa de evaluación conjunta. Durante este proceso, el Minem ha convocado a organismos como Osinergmin, el Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión para realizar consultas sobre la propuesta, liderada por la Dirección General de Hidrocarburos. Después de esta fase, el proyecto pasará a una evaluación técnica y legal, seguido de la emisión de informes vinculantes de diversas entidades gubernamentales.

Finalmente, esta iniciativa implica una adenda al contrato de concesión existente entre el Estado peruano y TGP, que actualmente vence en 2033, para extenderlo diez años adicionales, hasta 2043. “Lo que solicitamos es la ampliación del contrato de concesión. El acuerdo permite que se extienda por diez años”, indicó Delgado. Aunque no hay un plazo legal para que el Estado tome una decisión, la compañía asegura que, una vez aprobada la ampliación, la construcción del gasoducto podría completarse en dos años. “La decisión final está en manos del Estado”, concluyó.

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