Lun. Abr 7th, 2025

Fuerzas Armadas refuerzan seguridad en Pataz tras atentados a minera Poderosa

El Gobierno ha decidido reforzar la seguridad en la región de Pataz, en La Libertad, tras los constantes atentados contra la minera Poderosa. La medida incluye un aumento en el patrullaje, con la incorporación de efectivos de las Fuerzas Armadas, junto a la Policía Nacional del Perú. La decisión fue anunciada por el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, quienes regresaron de un viaje de supervisión a la zona afectada por los ataques armados.

Este refuerzo de seguridad tiene como objetivo frenar el crimen organizado, las actividades ilegales y la destrucción de infraestructura minera. El ministro Astudillo destacó la importancia de la colaboración entre todos los niveles de Gobierno, las instituciones públicas y el sector privado para luchar eficazmente contra la delincuencia en la región.

El titular de Defensa también confirmó que las Fuerzas Armadas han desplegado un contingente importante de efectivos en Pataz y que este número se incrementará según los planes de operaciones formulados por la Policía Nacional. «El Gobierno está comprometido con una lucha frontal contra el crimen organizado, y se están tomando las acciones necesarias para lograr resultados positivos en los próximos meses», afirmó.

En cuanto al control territorial en Pataz, el Ejecutivo ha dispuesto la construcción de un edificio de cinco pisos que albergará permanentemente a 180 efectivos, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Además, se instalarán tres puestos de control en los accesos principales a la zona minera, los cuales estarán operativos desde abril y contarán con personal especializado para monitorear de manera efectiva las rutas y los materiales que circulan en la región.

El Gobierno también está evaluando nuevas operaciones para bloquear el ingreso de insumos químicos y maquinaria vinculada a la minería ilegal. Además, se intensificarán las acciones para incautar materiales extraídos de forma ilícita y destruir campamentos ilegales en la zona, reafirmando así el compromiso estatal de garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en La Libertad.

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