Lun. Ene 20th, 2025

Fiscal de la Nación afirma que minería ilegal estaría detrás de atentado en Trujillo

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su rechazo rotundo ante el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, y solicitó garantizar la seguridad de los fiscales, algunos de los cuales están siendo amenazados por su trabajo contra la criminalidad organizada.

«No es posible que lleguemos a estos niveles de altísima criminalidad con la inseguridad que vivimos hace mucho tiempo», expresó Espinoza en una entrevista con RPP tras solicitar al Gobierno que se tomen las medidas inmediatas para frenar la ola de violencia que azota al país.  

Asimismo, Espinoza indicó que, a las pocas horas del atentado ocurrido en Trujillo, se identificaron posibles vínculos con la minería ilegal. «Los primeros indicios que estamos recibiendo indican que este atentado vendría de parte de la minería ilegal», comentó.

Además, la Fiscal de la Nación reveló que la fiscal a cargo de un caso de criminalidad organizada en la zona ha sido amenazada desde días antes del ataque. 

«Hechos como este están demostrando que están siendo amenazados porque están haciendo un buen trabajo», afirmó Espinoza, quien también sostuvo que el Ministerio del Interior debe reforzar la seguridad en la zona.

A raíz de los hechos, Espinoza también demandó medidas de protección para los fiscales amenazados. «Nuestros fiscales están desprotegidos, con lo de hoy se demuestra que la criminalidad está desbordando», aseguró. 

La magistrada remarcó la importancia de una labor de prevención activa frente a la criminalidad, trabajo que recae en la Policía Nacional, y en la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país.

«Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya, en su versión original, la detención preliminar», subrayó. 

En ese sentido, la fiscal detalló que actualmente no existe una herramienta efectiva para detener a los presuntos delincuentes en casos de no flagrancia, lo que limita la capacidad de acción de las autoridades.

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