El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció hoy que ha finalizado las reuniones con diversos gremios mineros para discutir el proyecto de ley sobre la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Actualmente, el Minem está en proceso de elaborar la propuesta final de esta normativa clave.

El objetivo principal del proyecto de ley es regular y formalizar la actividad minera a nivel nacional, enfocándose en la minería artesanal y los pequeños productores. La propuesta busca promover una minería más sostenible y responsable mediante una serie de incentivos legales y mejoras en la regulación.

Una de las principales modificaciones incluidas en el proyecto es la transición del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a un sistema interoperable con procedimientos simplificados. Este nuevo sistema permitirá una evaluación más precisa del estado de las actividades mineras y estará integrado con los 26 gobiernos regionales para mejorar la coordinación.

El proyecto también propone fortalecer las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales en sus competencias de supervisión y fiscalización. Esto se logrará mediante convenios con entidades como OEFA, Osinergmin y Sunafil, y la posibilidad de tercerizar estas competencias a empresas calificadas acreditadas ante el Minem.

Además, el proyecto otorga al Ministerio de Energía y Minas la facultad de establecer zonas especiales y temporalmente exclusivas para la pequeña minería y minería artesanal. También se propone la creación de un sistema integrado de información y documentación pública sobre estas actividades, para aumentar la transparencia y el acceso a la información.

Otro aspecto relevante de la propuesta es la facilitación de la suscripción de contratos de explotación entre mineros en vías de formalización y titulares de concesiones mineras. Estos contratos estarán sujetos a procesos simplificados, beneficiando a ambas partes involucradas.

El Minem ha comprometido un proceso participativo para socializar el proyecto de ley desde el 15 de julio hasta finales de agosto de este año. Durante este período, se recogerán opiniones y aportes de entidades estatales, gobiernos regionales, organizaciones mineras, empresas y académicos.

Una vez que se haya recopilado la retroalimentación, la propuesta final será elevada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a la Presidencia de la República y finalmente al Congreso de la República para su respectiva aprobación.