El ministro de Energía y Minas anunció hace algunos días que se prorrogará nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Sin embargo, considero que esta medida no es acertada. ¿Desde cuándo existe este registro? Al menos desde hace diez años, y en todo este tiempo los avances han sido muy limitados: apenas unos 10,000 mineros informales han logrado formalizarse de un universo estimado de 500,000. A estas alturas, resulta claro que no se puede seguir extendiendo indefinidamente; es necesario establecer un punto final.

Es importante entender que la prórroga permanente envía un mensaje equivocado, desincentivando la formalización. Aquellos mineros que, tras tantos años, no han logrado completar el proceso, deberán asumir las consecuencias de su incumplimiento. Dejar abierta esta opción por tiempo indefinido solo perpetúa la informalidad y dificulta los esfuerzos por ordenar el sector minero.

También es fundamental hacer una distinción clara entre el minero informal y el minero ilegal. Son realidades distintas y deben ser abordadas de manera diferenciada. El minero informal todavía tiene una vía para incorporarse al sistema formal, mientras que el minero ilegal incurre en prácticas que afectan gravemente el medio ambiente y operan fuera de toda norma.

¿Y cuáles son las principales diferencias? El minero informal opera en zonas donde la minería está permitida y, además, posee una concesión minera o un contrato sobre una concesión. Aun así, no ha cumplido con los requisitos exigidos por la autoridad minera para formalizarse, como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd).

Hasta fin de año, los mineros informales aún tendrán la posibilidad de completar su proceso de formalización. No obstante, si después de esta última prórroga no logran hacerlo, será necesario tomar medidas firmes. Solo así se podrá garantizar una minería más ordenada, responsable y respetuosa del marco legal y ambiental en nuestro país.