El Poder Judicial de Perú dejó este miércoles 8 de enero la decisión sobre el futuro del proyecto minero Ariana, ubicado en Marcapomacocha, provincia de Yauli, en la región Junín, al voto. Esta decisión se produce tras una audiencia presidida por el magistrado Eduardo Romero Roca, quien lideró la última fase del proceso judicial. La demanda, que busca suspender el proyecto minero, argumenta que la minería en la zona pone en peligro la provisión de agua para más de 11 millones de personas en Lima y Callao.
El grupo demandante está compuesto por ciudadanos, exautoridades, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas, quienes han presentado argumentos contra la continuación de la actividad minera en la zona. Aseguran que el proyecto representa un riesgo para el suministro de agua en la región. En la audiencia, los demandantes expresaron su preocupación por el voto dirimente del juez, que definirá el futuro del proyecto, enfatizando el impacto que la minería tendría en los recursos hídricos esenciales.
Uno de los principales argumentos de los demandantes es que el sistema hídrico de Marcapomacocha, que incluye varias lagunas y canales de conducción de agua, es considerado un «activo crítico nacional». De acuerdo con la resolución 124-2020-DINI-01, el sistema está catalogado dentro del Inventario Nacional de los Activos Críticos Nacionales, lo que, según los demandantes, debería implicar que este recurso sea intangible. Dionel Martínez, geógrafo especializado en el caso, explicó que si este sistema falla, afectaría gravemente el bienestar social y económico de la región.
Los demandantes, sin embargo, aclararon que no están en contra de la minería, sino que buscan salvaguardar el derecho al agua. Martínez destacó que la inversión de Sedapal en proyectos hídricos en la misma zona es mucho mayor que la inversión minera, lo que resalta la importancia de proteger este sistema acuífero vital para la región. «El costo del agua para Sedapal en esta área superará, en diez años, la inversión de la mina», afirmó Martínez.
Sedapal, la empresa responsable de la captación y distribución de agua en Lima y Callao, presentó cuatro riesgos identificados por la empresa que podrían derivarse del proyecto minero. Estos incluyen afectaciones a la infraestructura del túnel trasandino Cuevas-Milloc, filtraciones de agua de las lagunas hacia el socavón de la mina, posibles contaminaciones por metales pesados, y la restricción en el acceso para mediciones necesarias sobre los volúmenes de agua. La empresa ha sostenido estos argumentos desde 2014, afirmando que el proyecto minero representa un riesgo considerable para el abastecimiento de agua en la zona.
El proyecto minero Ariana se ubica en una zona estratégica que es parte del sistema hídrico de Marcapomacocha, que abastece de agua a la cuenca del Rímac, la cual representa el 62% del agua potable en Lima y Callao en temporada de estiaje. El exviceministro José De Echave, parte de los demandantes, manifestó que no se cuestiona la minería en general, sino que el riesgo de afectar un sistema hídrico vital para la población limeña y chalaca es lo que justifica la demanda. En este sentido, reafirmó que el sistema de Marcapomacocha debería ser considerado intocable por su rol fundamental en el abastecimiento de agua.
Además, Ana Leyva, abogada de CooperAcción, señaló que el derecho al agua y la salud debe prevalecer sobre los intereses del proyecto minero. Agregó que la probabilidad de que el proyecto afecte el suministro de agua de la región es alta debido a los riesgos identificados. En este contexto, representantes de diversos sectores, como Luisa Eyzaguirre, del sindicato SUTESAL, también expresaron su preocupación, recordando que una gran parte de la población limeña carece de acceso adecuado al agua potable.
Por su parte, la excongresista Marisa Glave subrayó que la evaluación de impacto ambiental del proyecto minero no consideró adecuadamente los efectos sobre la calidad y cantidad del agua destinada a Lima. La exlegisladora, junto con otros demandantes, insistió en que la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) pasó por alto este aspecto crucial, lo que refuerza la necesidad de revisar el proyecto minero de forma integral.
El proyecto minero Ariana, aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ha estado en el centro de la controversia desde su inicio. A pesar de las objeciones presentadas por Sedapal, las cuales fueron ignoradas en la aprobación inicial, el caso escaló a un proceso judicial. En 2019, un grupo de exfuncionarios y organizaciones defensoras del agua interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto, argumentando que la minería pone en peligro las fuentes de agua de la zona.
Como resultado de la demanda, en enero de 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines ordenó la suspensión temporal del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos para evaluar los riesgos. Sin embargo, tanto la empresa minera como el Estado peruano apelaron la decisión, lo que llevó el caso a la sala constitucional. En esta instancia, los magistrados se han dividido entre quienes apoyan la suspensión del proyecto y quienes están a favor de su continuidad.
Este miércoles, el voto dirimente del magistrado de la sala constitucional podría ser decisivo para el futuro del proyecto Ariana. La audiencia que se celebró en este día marca un hito en el proceso judicial, que ha atraído la atención de diversos actores políticos, sociales y ambientales preocupados por el impacto que este proyecto minero pueda tener en el abastecimiento de agua en Lima y Callao. La decisión final será crucial para determinar si se suspende o no la actividad minera en la zona de Marcapomacocha.
