Marily Luders – Directora del Diario Financiero de Chile

Los gobiernos de América Latina afrontan, desde el inicio de la pandemia, una serie de urgencias en materia de protección social para ayudar a los ciudadanos a sortear el impacto de la enfermedad y la caída de los ingresos. Pero tras dos años, es importante exigir de las autoridades que implementen planes que puedan asegurar la reactivación del crecimiento, que empuje empleos de calidad y a la vez permita una recaudación para las necesidades focalizadas de los más desprotegidos.

En esa mirada de largo plazo, Perú y Chile tienen desafíos similares en materia minera. La incerteza jurídica producto de la discusión constitucional chilena es sin duda un factor para los proyectos más grandes que se planifican con años de avance. En Perú, algunas empresas han sufrido prolongados cortes de actividad por tomas y bloqueos de vías. El gobierno del presidente Pedro Castillo tiene ahí un flanco importante, ya que para las altas inversiones que tiene la minería es necesario que se garantice el orden público. Esto en ningún caso supone ignorar legítimas demandas de algunas comunidades o conflictos medioambientales. Por el contrario, lo que significa es que la señal desde la autoridad debe ser capaz de canalizar estas discrepancias por las vías institucionales.

Aunque la exigencia de ambientes libres de violencia aplica a todas las industrias, en el caso de la minería para países que tienen minas de orden mundial y cuyas exportaciones de metal son relevantes para el erario público, como es el caso de Perú, es clave.

En este sentido, reforzar la institucionalidad y la justicia para permitir que sea ahí que se resuelvan los problemas y no por la vía de paralizaciones es de primer orden. También lo es que el discurso de las autoridades no adopte el mismo tono de los grupos de presión que aluden a la inversión extranjera y de grupos económicos locales con desconfianza. Esto porque el golpe ya ha sido fuerte: la prensa peruana ha publicado una serie de cifras que permiten comprobar que el Gobierno actual heredó una serie de conflictos que no ha podido cerrar, pero, peor aún, se han incrementado durante la actual gestión. Los datos publicados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) calculan que se han perdido más de US$ 1,100 millones por estos episodios, lo que implica que más de US$ 300 millones se han dejado de recaudar en impuestos y regalías.

El gobierno del presidente Castillo tiene desafíos importantes en materia social y de estabilidad política, pero también debe tener el ojo puesto en el impacto del mediano plazo que significa tener una cartera de conflictos mineros que dañen las expectativas de inversión y nuevos proyectos.