El sector minero en Ecuador acoge con optimismo la decisión del presidente Daniel Noboa de reabrir y actualizar el catastro minero del país en un plazo de seis meses. Esta medida, que establece un registro exhaustivo de todas las concesiones, derechos y permisos mineros, tiene como objetivo consolidar el control sobre las actividades de exploración y explotación en el territorio. Noboa ha puesto énfasis en regularizar la minería y enfrentar el problema de la minería ilegal, que afecta a varias regiones y áreas protegidas.
El decreto ejecutivo firmado por el presidente exige que todas las concesiones de derechos mineros se incluyan en el catastro nacional. Esta base de datos recopilará información sobre permisos de exploración, explotación, licencias y otras autorizaciones, tanto vigentes como revocadas. Este enfoque sistemático no solo agilizará los procesos administrativos, sino que también mejorará la transparencia en la gestión de los derechos mineros y permitirá a las autoridades intervenir en caso de irregularidades.
Ante la creciente amenaza de la minería ilegal, presente en 19 de las 24 provincias del país, Noboa ha lanzado esta iniciativa. Regiones como Esmeraldas, Imbabura y Azuay son testigos de una intensa actividad minera no autorizada, que perjudica la biodiversidad, daña el medio ambiente y afecta la vida de las comunidades. El decreto otorga a los ministerios de Ambiente, Energía y Minas la autoridad para identificar y combatir estas actividades ilegales, permitiendo la colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operativos de control.
El decreto define claramente lo que constituye la minería ilegal en Ecuador: cualquier actividad minera realizada sin los permisos o licencias necesarios. Esta normativa se aplica tanto a nacionales como a extranjeros, lo que permite a las autoridades actuar con mayor precisión y eficacia frente a las actividades ilegales que generan problemas ambientales y de seguridad.
La minería ilegal representa un grave desafío que afecta tanto la seguridad pública como el desarrollo del sector minero formal. Informes de organizaciones internacionales, como el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional de Estados Unidos, indican que el crimen organizado ha penetrado en esta industria. Un informe reciente de Mongabay reveló que 652 concesiones mineras se otorgaron sin que las empresas cumplieran con los procedimientos requeridos, lo que, junto al aumento de plantas de procesamiento de oro no autorizadas, ha intensificado la violencia y la corrupción en el sector.
La investigación sugiere que organizaciones criminales están utilizando las ganancias del narcotráfico para financiar la minería ilegal, lo que ha elevado la violencia en sus luchas por el control territorial. Esta situación ha llevado a extorsiones, reclutamientos forzados y asesinatos, creando un ambiente de inseguridad que impacta no solo al sector minero, sino también a las comunidades cercanas. Además, el tráfico de mercurio, armas y drogas ha encontrado en la minería ilegal una nueva oportunidad de expansión, fortaleciendo las redes criminales en la región.
El presidente Noboa, con un enfoque en la regulación y la transparencia, está tomando decisiones clave para fortalecer el sector minero en Ecuador. Desde su llegada al poder tras las elecciones anticipadas de 2023, su principal objetivo ha sido combatir la minería ilegal y crear un entorno seguro para la inversión. Con solo 36 años y proveniente de una familia empresarial, Noboa ve en la minería una oportunidad para impulsar la economía ecuatoriana mediante un sector regulado y transparente.
A través de estas acciones, Noboa busca posicionar a Ecuador como un destino confiable y seguro para la inversión minera. La reapertura del catastro minero y las medidas contra la minería ilegal son una manifestación de su compromiso con una gestión eficiente de los recursos naturales y el desarrollo de un sector minero formal que potencie la economía y respete el medio ambiente.
