El gobierno de Panamá ha lanzado una consulta pública sobre una auditoría ambiental de la mina Cobre Panamá, operada por First Quantum Minerals (TSX: FM), que fue anunciada a mediados de 2024 por el entonces presidente electo José Raúl Mulino.
El Ministerio del Ambiente (MiAmbiente) invitó esta semana a diversas partes interesadas, incluyendo organizaciones ambientalistas, comunidades locales, el sector académico y el público en general, a participar en este proceso, que estará abierto hasta el 7 de febrero.
En julio del año pasado, Mulino había revelado que ordenaría una «auditoría estricta» de esta mina, valorada en 10.000 millones de dólares, que fue cerrada en 2023 tras una decisión de la Corte Suprema de Panamá, que consideró inconstitucional el contrato de explotación.
Mulino ha criticado a su predecesor por no haber abordado este problema y se comprometió a resolverlo de manera que genere «credibilidad y aceptación nacional». El cierre de Cobre Panamá representó un hito importante, ya que la mina había contribuido con cerca del 5% del PIB de Panamá y representaba el 75% de sus exportaciones.
Los expertos calculan que el impacto económico del cierre de la mina podría resultar en pérdidas de hasta 18.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Además, First Quantum ha iniciado dos procedimientos de arbitraje para reclamar compensaciones a Panamá.
La principal finalidad de la auditoría será evaluar la viabilidad de una reapertura temporal de Cobre Panamá, asegurando que, al mismo tiempo, se garantice un cierre definitivo que sea seguro y ambientalmente responsable.
Las autoridades buscan identificar los riesgos y daños ambientales actuales y futuros, revisar el estado de conservación del área originalmente autorizada para la explotación, evaluar las intervenciones realizadas y analizar la calidad medioambiental de la zona. Asimismo, se proponen medidas de mitigación, remediación y restauración, con un análisis de los costos de implementación de un plan de cierre ambiental adecuado.
«El plan de cierre debe garantizar que el área intervenida se recupere lo más cerca posible de su estado original, restaurando su biodiversidad y funcionalidad ecológica», señaló el Ministerio del Ambiente.
