A pesar de la oposición del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones ambientalistas, el Congreso continúa su empeño en extender el plazo de formalización para la pequeña minería y la minería artesanal. Uno de los instrumentos utilizados para prolongar este proceso es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia expira en diciembre de este año.

En la última sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el legislador Paul Gutiérrez, se debatió un predictamen que acumula cuatro proyectos de ley presentados por los parlamentarios José Luna, Segundo Quiroz, Guido Bellido y el propio Gutiérrez. Todos buscan prorrogar el registro hasta el 2026 o 2027.

La propuesta en discusión no establece un periodo de caducidad concreto, pero lo condiciona a la “entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal”, la cual aún no ha sido presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Después de un intercambio de opiniones entre los legisladores, el predictamen se pasó a un cuarto intermedio.

César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, señaló que una nueva ley no solucionará la problemática de la formalización. Destacó que ya existe en la Comisión de Energía y Minas una propuesta de ley MAPE, pero esta no ha avanzado. Según Ipenza, el argumento de que el Poder Ejecutivo no ha presentado una iniciativa es solo una excusa; el Congreso parece buscar un proceso de formalización minera permanente en la práctica.

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, más de 87,000 pequeños mineros informales se han registrado en el Reinfo, pero solo el 2,4% ha logrado formalizarse. Actualmente, 68,817 tienen el registro suspendido por no cumplir con los requisitos, mientras que 16,204 siguen en proceso de formalización. Ipenza considera que estos números evidencian que este mecanismo ha sido utilizado por mineros ilegales para eludir sanciones de la Fiscalía o la Policía.

Finalmente, Ipenza cita un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que revela que la minería ilegal fue el delito que acumuló el mayor monto entre 2013 y 2024, alcanzando los US$8.216 millones, superando al narcotráfico.

“La minería ilegal se ha convertido en una de las principales actividades económicas que movilizan grandes sumas de dinero y están vinculadas a organizaciones criminales. En este contexto, cuestiono la capacidad del Congreso para aprobar una norma que facilita el beneficio a un grupo de ilegales”, concluyó Ipenza.