La minería es uno de los ­principales motores de ­crecimiento económico en el Perú: en los últimos diez años, aportó cerca del 9 % del PBI, 59 % de las exportaciones, 15 % de la inversión privada y 10 % de los ingresos tributarios.

No obstante, los crecientes conflictos sociales relacionados a la ­minería –concentrados en la segunda mitad del 2021- habrían frenado buena parte del crecimiento del sector en el último año y el inicio del 2022, indicó El Comercio.

Paralizaciones

La ­paralización que enfrentan las ­operaciones de Las Bambas (Apurímac) y Cuajone (Moquegua) son ejemplos de ello, recordó el diario.

Según estimaciones del ­Banco Central de Reserva del­ Perú (BCRP), los conflictos ­ mineros le habrían costado al sector minero-metálico­ alrededor de 2,3 puntos ­porcentuales de crecimiento en el 2021.

Es decir, la actividad minera se expandió 9.7 % en el 2021, pero pudo ­haberse expandido 12 % sin ­ conflictos sociales, señaló el matutino.

Ello habría significado un costo de más de S/ 1,500 millones, según cálculos del IPE. Héctor Collantes, ­director asociado en Fitch Ratings, confirma que la ­conflictividad social ha sido un problema recurrente en la minería.

Sin solución

Sin embargo, el ­Gobierno actual se ha mostrado particularmente incapaz de conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras.

Ante ello, Collantes comentó que un manejo adecuado de los conflictos sociales requiere una autoridad establecida, reglas claras y una ­ intermediación oportuna.

Adicionalmente, ­Collantes refirió que los conflictos mineros suelen aumentar alrededor de las elecciones subnacionales.

Por ello, ­estando a pocos meses de los comicios regionales y ­ municipales 2022, advirtió que, de no adoptar soluciones adecuadas ahora, será más difícil manejar estos ­conflictos sociales  en los próximos meses.

El Comercio