Armados con lanzas y con el rostro pintado, miembros de la guardia indígena de la comunidad A’i Cofán se preparan para patrullar las orillas del río Aguarico en la Amazonía ecuatoriana, listos para retirar equipos y llamar a la autoridad si encuentran mineros en su tierra ancestral.

“Hemos estado recorriendo y al mismo tiempo documentando a las personas que ingresan”, dijo el coordinador de la guardia indígena, Nixon Andy, de 24 años. “Cuando encontramos personas extrañas en nuestro territorio dialogamos pacíficamente, pero si ya no hay un respeto hay autoridades donde podemos denunciar”.

El trabajo de la guardia se respalda en la decisión de la Corte Constitucional, que en febrero dijo que las comunidades indígenas tienen derecho al consentimiento previo sobre proyectos extractivos en sus territorios o que afecten a su modo de vida. Pueden vetar tanto los grandes como la operación de aquellos a pequeña escala.

El éxito legal de los Cofán y los desafíos de otras comunidades están socavando las ambiciones de inversión del presidente Guillermo Lasso, quien quiere atraer capital extranjero a proyectos mineros y petroleros.

La comunidad Cofán, ubicada en Sinangoe, cerca de la frontera con Colombia, lanzó su lucha contra la minería en 2017, argumentando que la industria estaba dañando el Aguarico, la fuente de alimento de 53 familias que viven en sus riberas.

Aún hay un desacuerdo sobre el alcance del fallo y la industria minera dice que es un cambio abrupto que afectará la inversión y creará más inestabilidad jurídica en el país.

Las autoridades argumentan que la decisión de la corte tendrá efecto en proyectos futuros y no debería detener los que ya han sido concesionados para su desarrollo, como el proyecto de oro y plata Río Blanco del consorcio chino Ecuagoldmining o el proyecto Loma Larga de la canadiense Dundee Precious Metals.

Mientras que las comunidades y los grupos activistas señalan que el fallo se aplica a los proyectos ya aprobados, lo que les exige obtener el consentimiento previo de las comunidades a medida que avanzan en las diferentes etapas.

También advirtieron en una reciente reunión de los líderes de pueblos indígenas de toda la cuenca del Amazonas que los fallos legales resultan ineficaces sin la acción del gobierno.

“Ahora si alguna comunidad dice no, el Estado debe respetar y garantizar lo que nosotros queremos en nuestra casa”, dijo Wider Guaramag, líder de la comunidad. “Los dueños de casa somos los que sufrimos con la minería”.

El gobierno, que apunta a duplicar las exportaciones mineras a US$ 4,000 millones en los próximos tres años, pero no dio una cifra de cuánta inversión podría salir de Ecuador si se detienen los proyectos, dijo que está revisando el fallo.

“Excepcionalmente se podría llevar adelante un proyecto extractivo contra la decisión de la comunidad, pero sometido a reglas muy claras”, dijo Jorge Acero, abogado del grupo de defensa Amazon Frontlines. “El riesgo es que el gobierno lo considere la regla cuando la corte dice que es una excepción”.

Como parte de su decisión, la Corte Constitucional también ratificó un fallo previo que ordenaba revocar las concesiones de oro en territorio Cofán porque no se consultó a la comunidad.

“Las sentencias de la Corte patean el tablero de un momento a otro”, dijo el abogado de la Cámara de Minería de Ecuador, Andrés Ycaza. “En el caso Cofán, pone unos estándares y sin lugar a duda son un cambio intempestivo en las reglas de juego”.

Las comunidades indígenas de Perú -el segundo productor de cobre más grande del mundo- también están luchando contra nuevos proyectos, mientras que los planes a gran escala en Colombia han sido frustrados por referendos y fallos.

Solo el principio

La industria minera de Ecuador podría beneficiarse de la inestabilidad política en Perú, un nuevo gobierno de izquierda en Chile y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales en Colombia, pero el fallo judicial frustraría eso.

“Ecuador tiene una coyuntura: los vecinos de la región no van bien y los minerales están subiendo mucho de precio”, añadió Ycaza. “Todas esas oportunidades se pueden ir gracias a esto”.

Aunque el gobierno ha cuestionado el fallo, está analizando cómo revertir las concesiones para cumplirlo, dijo el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, a Reuters.

“Nos preocupa porque el Gobierno está trabajando fuertemente para que el sector minero sea un pilar de la economía”, agregó.

Si la comunidad rechaza un proyecto, el Estado debe ajustarlo para beneficiar al grupo afectado o justificar por qué debe seguir adelante a pesar de la oposición.

Otros pueblos como los Waorani o los Shuar Arutam también luchan por bloquear el petróleo y la minería en sus territorios y han presentado una demanda para detener los planes extractivistas de Lasso.

Si bien la comunidad A’i Cofán ha sido hasta ahora una de las pocas que ha logrado suspender con éxito las operaciones mineras en su territorio, persisten otras amenazas para ellos.

Los 26 jóvenes que integran la guardia indígena-la primera en integrarse en Ecuador- también se enfrentan a madereros, cazadores furtivos y pescadores.

La comunidad tiene una ley territorial propia, reconocida por la corte, que le permiten ordenar a los invasores que abandonen su territorio, retirar sus herramientas y eventualmente entregarlos a las autoridades.

“No será fácil entrar a nuestros territorios porque vamos a seguir aquí de pie”, dijo Alexandra Narváez, la primera mujer de la guardia indígena a Reuters, antes de un recorrido.

“Como pueblo Cofán esta lucha apenas empieza”.

Reuters