La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Comisión de Sostenibilidad Empresarial manifestó su repudió y condenó “los hechos violentos y criminales” registrados en la región de Amazonas que provocaron el corte de la tubería del Oleoducto Norperuano de la provincia de Condorcanqui el pasado 19 de enero.

“Expresamos nuestra profunda preocupación respecto a esta situación debido a que genera gran peligro y vulnerabilidad a la población adyacente y al medio ambiente”, señaló a través de un comunicado.

Subrayaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil, el petróleo del Oleoducto se ha extendido por los ríos Chiangos, Nieva y Marañon, afectando a 16 comunidades indígenas.

Agregó que si bien Petroperú ya puso en marcha el plan de contingencia correspondiente el viernes último, es necesario proceder a la remediación del daño ambiental lo antes posible.

Asimismo, hicieron un llamado a la población y comunidades cercanas a retirarse de la zona a fin de salvaguardar sus vidas, en tanto los trabajos que tienen que realizarse deben estar a cargo de especialistas y con medidas de protección adecuadas.

“Condenamos el actuar irracional de aquellos manifestantes de la región Amazonas que, pese a la urgencia de realizar las medidas de contención necesarias destinadas a disminuir el impacto social y ambiental, no permiten el ingreso del personal municipal, de Petroperú y Defensa Civil para que atiendan las labores que corresponden”, apuntó.

Recordaron que, de acuerdo al art. 12 de la Constitución Política del Perú y del art. 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protesta es un derecho que se debe ejercer de forma pacífica, respetando en todo momento la propiedad privada y pública; así como los derechos y libertades de los demás.

En este sentido, exhortaron a las autoridades respectivas a tomar medidas urgentes que garanticen el restablecimiento del orden social.

“Es necesario que la Presidenta Dina Boluarte, por intermedio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú – responsables constitucionalmente del orden interno del Perú y a quienes hemos expresado nuestro total respaldo y confianza-, utilice todos los recursos y herramientas legales que la Constitución Política le confiere para evitar la continuidad de esta situación que únicamente vulnera la vida, integridad y desarrollo de las personas, comunidades y del medio ambiente”, indicaron.