Bolivia está acelerando sus esfuerzos para explotar sus vastos yacimientos de litio, los mayores del mundo, mediante acuerdos con nuevos inversores para construir plantas de procesamiento, a pesar de la caída de los precios y la creciente oposición política y social. La nación andina inauguró su primera planta industrial a fines de 2023, construida por un consorcio chino, y durante el año pasado firmó acuerdos de inversión con el grupo ruso Uranium One y un consorcio chino, los cuales aún esperan la aprobación del Congreso.

Omar Alarcón, presidente de la empresa estatal de litio YLB, indicó que con los nuevos contratos, Bolivia planea alcanzar una producción anual de 49,000 toneladas de carbonato de litio en tres años. Alarcón también señaló que en el primer trimestre del año se enviará un nuevo contrato al Congreso para continuar con el desarrollo del sector.

El gobierno boliviano está negociando contratos con empresas europeas y australianas, lo que evidencia un esfuerzo por diversificar las inversiones. Sin embargo, el historial de inestabilidad política y social en el país, sumado al enfoque estatal en los recursos naturales, ha disuadido la inversión privada, especialmente con la caída de los precios del litio en un mercado cada vez más saturado.

Aunque Bolivia posee vastos recursos de litio, su contribución a la oferta mundial sigue siendo mínima. Los yacimientos en el salar de Uyuni, por ejemplo, tienen un alto contenido de magnesio, lo que dificulta la pureza del litio extraído, elevando los costos de producción. Además, el puerto más cercano está a más de 500 kilómetros de distancia, lo que complica aún más el proceso logístico.

Para superar estos problemas, el gobierno ha apostado por nuevas técnicas de extracción directa, que podrían permitir un proceso más eficiente y rentable. En septiembre de 2023, se firmó un contrato con Uranium One por 970 millones de dólares para construir una planta con capacidad de 14,000 toneladas anuales. Además, en noviembre, se firmó otro acuerdo con las empresas chinas Catl Brunp y CMOC por 1,000 millones de dólares para construir dos plantas de litio con capacidad para producir 35,000 toneladas anuales.

No obstante, estos acuerdos han generado controversia. Varios grupos de la sociedad civil, políticos e investigadores han criticado la falta de transparencia en el proceso de aprobación y han solicitado que las regalías aumenten del 3% al 11%. En las últimas semanas, ciudadanos se han movilizado en contra de los contratos, y organizaciones no gubernamentales han instado al Congreso a rechazarlos.

Alarcón rechazó estas críticas, calificándolas de políticamente motivadas o mal informadas. Aseguró que Bolivia tendrá el control total sobre las ventas de litio y una participación mayoritaria en las empresas involucradas. Además, destacó que YLB no comenzará a reembolsar las inversiones hasta que las plantas estén operando a plena capacidad, lo que minimiza el riesgo financiero para el Estado.

La inversión total de los contratos alcanza casi 2,000 millones de dólares, que se reembolsarán en forma de carbonato de litio, con las empresas rusas y chinas como compradores preferentes, en un plazo de hasta 10 años, dependiendo de la evolución de los precios internacionales del mineral.

A pesar de los contratos, el precio actual del litio sigue siendo una preocupación. Aunque los acuerdos prevén un precio de 30,000 dólares por tonelada, Alarcón indicó que el precio necesario para asegurar la viabilidad comercial de las plantas es de al menos 10,000 dólares por tonelada, lo que es más cercano al nivel actual del mercado.

El historial de Bolivia en la producción de litio no es muy alentador. La primera planta de procesamiento de YLB funcionó solo al 17% de su capacidad el año pasado, y se espera que este año opere al 23%. No hay un calendario claro para alcanzar la plena capacidad de producción, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la industria del litio en el país.

A pesar de estas dificultades, Alarcón enfatizó que los nuevos acuerdos son cruciales para que Bolivia finalmente aproveche su enorme potencial de litio. Si los contratos son rechazados, el desarrollo industrial podría retrasarse hasta 15 años, lo que, según él, sería catastrófico para el país.