El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, expresó su desacuerdo con la propuesta legislativa que sugiere que el BCR compre oro a los mineros. Según Armas, el mandato constitucional del BCR se centra en preservar la estabilidad monetaria y en cumplir con las funciones específicas que le han sido asignadas, y la comercialización de oro no forma parte de esas funciones.

Armas explicó que el marco constitucional y la ley orgánica del BCR permiten a la institución alcanzar resultados concretos en el ámbito económico. Como ejemplo, destacó que Perú tiene la inflación más baja de América Latina, a excepción de Panamá, que utiliza el dólar como moneda. Para Armas, una ley que obligue al BCR a comprar oro contravendría estos principios y comprometería su enfoque macroeconómico.

El gerente del BCR advirtió que si se aprobara una ley de este tipo, la institución se vería obligada a imprimir dinero para financiar la compra de oro, lo que violaría el marco institucional. Además, señaló que esta medida podría traer consecuencias negativas, como el riesgo de que se adquiera oro proveniente de fuentes ilegales, lo cual sería una preocupación grave en términos de legalidad y transparencia.

Armas subrayó la necesidad de tomar medidas que aborden la minería de oro informal o ilegal de manera efectiva, enfocándose en aspectos como la trazabilidad, el cumplimiento de las normativas laborales y tributarias, y la protección del medio ambiente, temas que ya son cumplidos por los mineros formales. Según Armas, una vez que se cumplan estas condiciones, no sería necesario que el Estado intervenga en la comercialización del oro ni de otros minerales.

Por último, Armas respondió a las declaraciones recientes del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien expresó su apoyo a la compra de oro por parte del BCR. Montero argumentó que el Banco Central podría cambiar dólares por oro en el fondo minero, pero Armas reiteró que esto contraviene las funciones del BCR y que el enfoque debe centrarse en regular la minería informal y garantizar la legalidad de las operaciones.