Antapaccay está entre las 10 principales minas de cobre en Perú. Su relevancia desde 2012, cuando inició operaciones, se ha visto reflejada en el producto bruto interno (PBI) de Cusco, de acuerdo con un estudio de Macroconsult. Sin embargo, extitulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) advierten que su contribución podría verse afectada al cierre de esta década.
“A partir de los niveles de exportación de Antapaccay se estima que el valor agregado bruto (VAB) de la empresa minera desde 2013 hasta el cierre de 2022 equivale a un promedio anual de 0.4% del PBI nacional, 4% del PBI minero nacional y 10% del PBI de la región Cusco”, indica el reporte de Macroconsult, realizado por encargo de Glencore.
La consultora también precisa que los aportes por canon y regalías de la empresa minera han alcanzado montos superiores a los S/ 3,024 millones entre 2012 y 2022. Pero, mantener o superar estos números a futuro depende de un proyecto en particular: Integración Coroccohuayco, coinciden fuentes consultadas por Gestión.
Riesgo
Cusco tiene cinco proyectos mineros en carteras del Minem, entre exploración e inversión, por un total de US$ 1,897.5 millones. Uno de los más importantes es Integración Coroccohuayco, obra que implica desarrollar un yacimiento de cobre y mejorar plantas de procesamiento de mineral de Antapaccay y Tintaya por US$ 590 millones (ver tabla).
El proyecto es crucial para levantar el rendimiento de las operaciones de Antapaccay a futuro. Según los datos más recientes del Minem, la mina cusqueña es la séptima productora de cobre entre enero y septiembre de este año, pero su volumen ha caído 28.3% respecto al 2022.
Coroccohuayco está en etapa de prefactibilidad, según el ministerio. Recientemente Carlos Cotera, gerente general de Antapaccay, señaló a Gestión que esperan contar con los permisos ambientales necesarios para desarrollar el proyecto a finales del 2024.
Cotera resaltó que así podrían duplicar su producción anual, hoy alrededor de 250 mil toneladas de cobre. Caso contrario, advirtió, su rendimiento empezaría a caer desde 2027. Con Coroccohuayco, dijo previamente, esperan prolongar la vida de Antapaccay por 25 años.
Para Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, es claro que si Coroccohuayco no ve la luz en esos plazos, caerá también su aporte fiscal. “Si los permisos se demoran, puede ser que siga bajando su producción de cobre y el nivel de aporte de esta empresa disminuiría”, anticipa.
Incháustegui cree que el Gobierno fue “conservador” en no mencionar este proyecto dentro de su paquete de proyectos priorizados para los próximos dos años. Gonzalo Tamayo, también exministro del Minem y socio de Macroconsult, cree que Coroccohuayco debería ser considerado como un caso de especial atención.
“Antappacay es la continuación de la mina Tintaya. Integración es un desarrollo posterior, aprovechando que ya existe estructura, aumentaría el nivel de canon y regalías. Uno esperaría que esté listo para iniciar operaciones en 2027. Debe ser parte de la agenda futura”, recalca.
Tamayo resalta que es positivo que el Gobierno impulse la ventanilla única digital minera, mecanismo que podría beneficiar directamente a Coroccohuayco. “Es un intento para lograr que esos plazos se acorten ya que se hará un análisis simultáneo. Sin embargo, hace falta decisión política para que se cumplan esos plazos”, indica.
Parte de ese impulso del Gobierno implicaría una mayor presencia en las zonas de interés, considera Incháustegui. “Creo que a los anuncios del plan Unidos les falta confianza. Los permisos que necesita Coroccohuayco saldrían más rápido si el Minem tuviera una oficina de gestión social más presente”, asegura.
Peso fiscal por convenio
En los últimos 10 años, el municipio provincial de Espinar es la entidad pública que más cantidad de recursos mineros ha recibido a través del canon y regalías de Antapaccay con S/ 609 millones, en total, según el estudio de Macroconsult.
Gran peso de estos aportes –el 49%, según la consultora– se deben al llamado “Convenio Marco” que sostiene la minera con las autoridades locales. “Es una situación atípica, pero se trata de una transferencia directa a Espinar a través de las utilidades para obras de desarrollo. En lo urbano la localidad se ha visto beneficiada por Antapaccay”, comenta Tamayo, al respecto.
De hecho, revela también que, para hacer el estudio, Macroconsult analizó imágenes satelitales de distritos con partidas similares. “Las ciudades crecen y requieren cada vez más servicios públicos, como agua y saneamiento. Encontramos que indicadores como esos eran mayores en zonas donde había minería”, asegura.
Incháustegui recuerda que el acuerdo entre Espinar y Antapaccay fue uno de los primeros de su tipo en Perú. Sin embargo, a la fecha considera que las falencias de este tipo de arreglos no son los recursos, sino acordar en qué iniciativas se invertirán.
“Hace falta una actitud más proactiva del Gobierno Nacional para dar asistencia técnica y que el convenio avance más rápido. La empresa hace esfuerzos, hay un fondo definido. Pero falta precisar a qué proyectos se destinan, eso depende de los alcaldes”, refiere.