El último trimestre 2022 recibe al sector minero con dos noticias que, desde veredas distintas, ponen de manifiesto un escenario aún carente de predictibilidad, pero que no desfallece ante la fluctuación de los precios globales de los minerales.

Por un lado, el proyecto minero Quellaveco (de gran escala), en Moquegua, espera coronar sus US$5.300 millones de inversión en construcción con la entrega de su licencia de operación, ya avanzada y que debería recibir hasta este mes de setiembre. Pero, por el otro, Newmont anuncia su decisión de posponer su inversión total de US$2.500 millones en Yanacocha Sulfuros (de mediana escala) hasta el 2024, fruto del “deterioro de la economía internacional”, entre otros factores.

Situación que podría marcar un punto de quiebre apenas unas semanas después de que el MEF lanzara el Plan Impulso Perú, que para el sector busca destrabar US$53.200 millones en proyectos mineros con medidas como la extensión, por cinco años, de la devolución del IGV a la exploración, beneficio que vence en diciembre y que requiere una ley para ampliarse con un costo fiscal de S/50 millones por año, además de proponer que, al menos, el 9% de los recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras sean destinados a las comunidades, una inyección de S/518 millones anuales en proyectos de inversión pública para su desarrollo, en un movimiento saludado desde el sector privado.

“Es importante continuar con aquellas buenas iniciativas para atraer la inversión minera, como las recientemente anunciadas por el MEF, que apuntan a recuperar la confianza para invertir en el Perú. Ese mensaje nos parece positivo porque se va a trabajar con respeto al Estado de derecho, seguridad jurídica, y para contar con instituciones sólidas”, señala Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, responsable de Quellaveco.

A detalle, las exportaciones mineras ascendieron durante los primeros siete meses del año a US$22.207 millones, un incremento de 2,7% respecto a similar periodo del 2021 (US$21.633 millones), que va en línea con un desarrollo de las inversiones que ascendió a US$439 millones, 4,9% más que en el periodo de comparación (US$419 millones). No estamos en un hoyo.

Prueba de ello es que la exploración, con sus US$226 millones invertidos solo entre enero y julio, avanzó 39,4% frente a similar periodo del 2021, también impulsada por precios del cobre que hasta julio han propiciado la extracción de 1,2 toneladas, según el Minem.

“Otra importante iniciativa que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en zonas rurales, es el destrabe de proyectos de inversión pública y privada. Se trata ahora de ser más eficientes en el gasto de regalías y canon, llegando a las comunidades más remotas por operación”, agrega Anglo American.

No obstante, el lastre más evidente hasta julio llegó desde Las Bambas, que al inicio del año vio una nueva desescalada en su volumen exportable debido a la conflictividad en el corredor sur. Como se sabe, recién el 11 de junio, y tras 50 días de toma de vías, retomó el diálogo en su zona de influencia.

La ruta del cobre

La puesta en marcha de la cartera de 48 proyectos que tiene el Perú generaría una recaudación fiscal estimada en S/43.000 millones entre el 2025 y 2035, mientras que entre el 2030 y 2040 podría generar cerca de S/96.000 millones, es decir, más del doble.

En esta línea, Víctor Gobitz, presidente de Antamina, empresa responsable del 21,1% de la producción de cobre en julio, saluda iniciativas del Ejecutivo para esta nueva etapa como la creación de un fondo de estabilización para transferencias mineras, en una industria que considera “intrínsecamente” afectada por la volatilidad.

“Como concepto, este fondo es muy positivo porque el cierre de brechas no se resuelve de un día para otro. Para hacer industria, necesitas planificar con fondos de largo horizonte. Se trata de crear capacidades de gestión pública: ante una subida excepcional de precios de los metales, transfieres los recursos a un fondo para que te ayude a administrar el portafolio de desarrollo del territorio de manera ordenada”, apunta.

Aun cuando el cobre bajó de los US$4 por libra que alcanzó en los picos de la reactivación pospandemia (caída que ronda el 25%), su cotización en el mercado internacional sigue siendo rentable para los países productores. Así, el cobre representa 55% del PBI minero de Perú, mientras que al oro corresponde el 30%.

Pero los temores de contracción global aún no se han disipado, y esta recuperación en la producción y exportación de minerales peruanos no alcanza, puesto que no existen grandes inversiones nuevas a la vista y la mayoría solo refleja extensiones sobre áreas ya concesionadas, señala Carlos Herrera.

En opinión del exministro del Minem, existe un mejor ánimo entre los empresarios luego de que quedaran atrás algunas de las consignas iniciales del Gobierno, como una reforma fiscal y renegociación de contratos, pero que todavía no hay más detrás de Quellaveco.

“Creo que el efecto político generó mucho desconcierto al inicio, y por ello fue preferible no hacer nada. Pasado el primer año del presidente Castillo, hay algunas cosas que van quedando claras, como que no habrá un gobierno radical, pero eso no basta y todavía estamos a tiempo para sentarnos a conversar”, cerciora el ingeniero.

Minem retoma la posta para explotar litio en el Perú

En agosto pasado, el Minem instaló un grupo de trabajo para la exploración y explotación de litio en el Perú. Tiene hasta este mes para clarificar la ruta respecto a la extracción de este recurso hoy estratégico para el mundo.

El litio es un material clave para la fabricación, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Solo en el último año, los precios de este mineral han subido más del 300% en el mercado internacional, lo cual también ha disparado el costo de las baterías para movilidad.

Las mayores reservas del mundo están en el llamado “Triángulo del litio”, que integran Bolivia, Chile y Argentina. Se dice que Perú podría completar la lista.

Las compañías con más petitorios para litio son extranjeras: Teck (Canadá), Vale (Brasil), Anglo American y Rio Tinto (Inglaterra).

La minería informal sigue ahí

Enfoque. José de Echave, economista

Hablar de la minería y el tema ambiental en este sector obliga a abordar por los menos dos componentes que tienen características propias: la gran y mediana minería formal y, por otro lado, la minería informal y la abiertamente ilegal.

La Defensoría del Pueblo nos recuerda que la gran mayoría de conflictos socioambientales tienen relación con la minería y a lo largo del último año hemos tenido varios ejemplos: lo que ocurrió en el sur de Ayacucho y los reclamos de la población por los impactos en las cabeceras de cuenca de varias mineras, o el derrame de concentrado de zinc en el río Chillón, a mediados de junio, que involucra a la empresa Volcan. Además de los impactos en la salud por la contaminación por metales pesados que ocurren en localidades como Espinar y Cerro de Pasco.

Pero no se puede dejar de mencionar el avance de la minería informal e ilegal que es una de las fuentes de deforestación de la Amazonía y contaminación de fuentes de agua. Esta actividad hoy en día cuenta con una mayor influencia en la política, lo que se expresa en normas que han sido aprobadas con el respaldo tanto del Legislativo como del Ejecutivo y que son un claro retroceso: el último día del 2021, pese a la oposición del Ministerio del Ambiente, el presidente Castillo promulgó la Ley 31338, previamente aprobada en el Congreso y que amplía el plazo de formalización hasta el 2024. Si la tendencia continúa, los impactos ambientales, sociales y la violencia que acompaña esta actividad seguirán multiplicándose.

Las cifras

• S/10 mil millones se entregaron en transferencias hasta agosto, según el Minem.
• 8,4% es el crecimiento para la minería que espera el BCR en el 2023, con Quellaveco, Cuajone y Las Bambas como protagonistas.
• 662 petitorios mineros tiene Puno en el 2022, fruto del interés por el litio que ha convertido a la región en la más solicitada del país, según Ingemmet.

La República